Andalucía enarbola la bandera del feminismo

En principio estuvo la calle. Después de la multitudinaria marcha del tren de la libertad, contra la reforma de la ley del aborto de Gallardón, los colectivos feministas organizaron una gran movilización, el 7 de noviembre del año pasado, que reunió a más de medio millón de personas en Madrid «contra las violencias machistas». El manifiesto final, que iba más allá de la violencia de género e incluía en la reivindicación la trata y todas las formas de violencia contra las mujeres y que acuñaba el término terrorismo machista, fue recogido por la Junta de Andalucía y es el origen del documento Por un Pacto de Estado para la erradicación de la violencia contra las mujeres, recién aprobado.

Teresa Alba, dirigente de Páginas Violeta, explica que no es la primera vez que una bandera de feminismo es recogida por las instituciones y llevada a la práctica. Ya ocurrió, recuerda, con las casas de acogidas para mujeres maltratadas, que fue una iniciativa de las organizaciones y colectivos feministas.

De este modo, a partir del documento y con todo el bagaje de convenciones internacionales y legislación existente, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAMP) y el Instituto Andaluz de la Mujer distribuyeron una primera propuesta a todas las organizaciones de mujeres de las ocho provincias, para que la estudiaran e hicieran sus aportaciones. Teresa Alba destaca la labor de Ángeles Sepúlveda, actual directora general de Violencia de Género, y celebra que las consignas de los colectivos feministas prosperen.

El documento fue aprobado a finales de julio por el plenario del CAMP en un acto que presidió Susana Díaz, presidenta de la Junta, que ha puesto mucho interés en que esta iniciativa salga adelante. De hecho, está siendo asumida por el PSOE a nivel federal y es de esperar que en el nuevo curso político, cuando arranque, tenga un recorrido en el debate nacional que, además de dar una proyección pública a nivel del Estado a la presidenta andaluza, consiga los cambios que se quieren promover, muchos de los cuales competen al ámbito estatal. El documento andaluz dedica buena parte de sus propuestas a la violencia de género y sus derivadas, en especial los efectos sobre los niños o los fallos en la protección de las mujeres que denuncian.

La primera frase es rotunda y no deja lugar a equívocos: «La violencia contra las mujeres es cuestión de Estado y una forma de terrorismo». Así arranca la propuesta del Pacto de Estado para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que desde Andalucía se lanza a toda España para lograr un compromiso que acabe con esta lacra, como ya se hizo con los pistoleros de ETA.

María José Sánchez Rubio, consejera de igualdad y Políticas Sociales, resume en dos las líneas de trabajo, «protección y prevención», y sitúa entre las principales novedades las destinadas a la protección de menores y las modificaciones penales que tienden a equiparar el maltrato con el terrorismo, como el cumplimiento íntegro de las penas a los condenados por violencia contra las mujeres.

Más de 800 muertes

Los datos que contiene el informe no dejan lugar a dudas de la magnitud el problema: Desde el año 2003, más de 800 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. La violencia machista no ceja, pues se produjeron 60 víctimas mortales en 2015 frente a las 54 registradas en 2014 y 2013 y a 52 en 2012, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En total, aunque el número no para de aumentar, más de 826 mujeres han sido asesinadas con violencia de género en España desde el año 2003; más de cinco mujeres al mes durante 13 años.

Desde el año 2009 se han establecido más de 250.000 órdenes de protección. A estos datos se suman los y las menores huérfanos por causa de la violencia de género, explica el documento en su exposición inicial. «Este terrorismo del siglo XXI se manifiesta con mayor dureza cuando las víctimas son niños y niñas asesinadas por sus progenitores, o los casos de familiares y amistades cercanos a la víctima que han sido víctimas directas de esta violencia para provocar daño y sufrimiento a las mujeres».

El Gobierno andaluz aprobó el documento básico en el pleno del CAMP de finales de 2015 y lo difundió a las más de dos mil organizaciones de mujeres de toda la comunidad, pero también lo envió a las distintas comunidades autónomas, Gobierno de España, órganos judiciales e instancias relacionadas con la lucha contra la violencia de género. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha enviado el documento resultante a los portavoces de los grupos del Parlamento de Andalucía, «de forma que en otoño, en el siguiente periodo de sesiones, podamos aunar criterios para remitir el pacto a la Administración General del Estado, las corporaciones locales y demás instancias».

El documento trabaja en dos sentidos, «protección y prevención», explica María José Sánchez Rubio. Quiere, en primer lugar, «buscar los resquicios que dan lugar a que las mujeres no estén suficientemente protegidas», puesto que se da el escandaloso caso de que «la mitad de las mujeres que han sido asesinadas durante este año habían denunciado, y pese a ello al final han sido asesinadas.

En segundo lugar, la consejera prioriza seguir trabajando en la pevención: «Es importante que se incrementen los presupuestos, que se trabaje desde lo local, que se apoye a los centros de información de la mujer municipales, un servicio que sólo hay en Andalucía. Conviene acercar la prevención a los municipios».

También es fundamental trabajar en el ámbito de la educación y para ello quiere «recuperar la asignatura de Educación para la ciudadanía. Los valores, la igualdad, son básicos. La base de esta violencia tiene que ver con un sentido de posesión y de desigualdad hacia las mujeres». La idea es equiparar la violencia contra las mujeres con la violencia terrorista y hacer un pacto contra ella como el que unió a las fuerzas políticas nacionales contra ETA. «Se propone aplicar normas duras desde el punto de vista penal, como contra el terrorismo, entre ellas el cumplimiento íntegro de las penas», indica Sánchez Rubio.

Régimen de visitas a los niños

También considera «vital» cambiar el régimen de visitas de los hijos cuando existe una orden de alejamiento, para «evitar poner en riesgo a los niños víctima de la violencia». Como destaca la modificación del Código Civil, en cuanto a tutela de menores o régimen de visitas,y la nueva redacción del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues «no es razonable que cuando una mujer es asesinada por su marido éste se beneficie de la herencia», o la desaparición de la dispensa de la obligación de declarar contra la pareja, que «se convierte en una trampa que atrapa a la mujer».

El pacto tiene medidas jurídicas, de sensibilización, de protección a las víctimas y de coordinación entre todas las instituciones, destaca Estela Sánchez, de la asociación Mujeres Juristas ,con muchas medidas que debe poner en marcha el Gobierno, «cuando lo haya», y otras que la comunidad ya puede arrancar. A su juicio, es fundamentar eliminar el artículo 416 de la Lecrim, «para que no se pregunte constantemente a una mujer, en situación vulnerable, si quiere denunciar al marido o pareja, que si lo hace puede ir a la cárcel, porque le cohíbe».

Suspender o eliminar el régimen de visitas a los maltratadores, que cumplan la pena íntegra, que no pueda haber cargos públicos que hayan sido imputados por violencia machista, que se haga una ley contra la prostitución que penalice al cliente, dar formación a operadores jurídicos,a educadores, porque hay que enseñar a los niños y niñas a vivir en igualdad, reseña, una especial batería de medidas dirigidas a la juventud, «porque hay una vuelta atrás muy grande», actuando sobre los medios de comunicación que consumen, en especial cine, series o música; mejorar la sensibilización y la concienciación, con nuevas campañas de medios. Proteger a las víctimas donde se está fallado de forma estrepitosa, estudiando uno por uno los casos, protegerlas como a las del terrorismo, con recursos económicos, sociales psicológicos, fomentar su empleabilidad...

La jurista jiennense hace un relato global preocupante: «Con lo que hay es difícil que víctima salga, porque hay un repunte muy fuerte del machismo. La sociedad se ha relajado y es condescendiente con el maltratador. Hay que lograr la concienciación de todos, de juristas, jueces, fiscales, operadores jurídicos. Parece que nos hubiéramos dormido o que es imposible de solucionar. Lo que pasa es que hay que tener recursos. Es difícil acabar con el machismo, porque está muy incrustado en nuestras mentes, pero la sociedad tiene que verlo como un delito».

El catedrático de Derecho Constitucional Octavio Salazar, que participa en la Red de Hombres por la Igualdad, piensa que la clave va a estar en los recursos económicos con que se vaya a contar. «Siempre he sido muy crítico con estos pactos, porque pueden ser un brindis al sol. Lo importante es ver en qué se traduce desde el punto de vista presupuestario, si hay una memoria económica. Habrá que ir a la ley para verlo. La prevención, atención a víctimas, reforzar mecanismos no será posible si no hay medios económicos, será una carta a los Reyes Magos».