La difícil tarea de arrojar luz al galimatías de los cursos

La empresa de investigar el papel de la Junta y sus responsables políticos y técnicos por el descontrol en las ayudas para cursos de formación no será fácil. Los diputados se enfrentan a un galimatías de irregularidades sobre el que hay investigando 18 juzgados de las ocho provincias. Las instrucciones más famosas son las que lleva el juzgado número 8 de Málaga en torno al caso Edu, el primero en destaparse como un escándalo; y la que investiga el número 6 de Sevilla, cuya titular fue la jueza Mercedes Alaya, célebre por el caso ERE, quien imputó a los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda y amparó redadas policiales de decenas de personas esta primavera pasada.

Sin entrar en el ámbito de la Justicia, la comisión deberá arrojar luz a un galimatías de más de 3.000 millones de euros en ayudas desde 2002 a 2011 con una casuística de irregularidades profusa: desde alumnos que recibieron el título sin ir a clase a otros que hicieron de profesores. Entidades que recibieron millonarias cantidades que nunca justificaron por negligencia o vista gorda de funcionarios y políticos. Es lo que tienen que averiguar.

La primera alarma sobre que algo no se estaba haciendo bien en la Junta saltó en 2010 como recordó ayer el portavoz del PP, Carlos Rojas. El entonces vicesecretario del PSOEandaluz, Rafa Velasco, dimitió al descubrirse que su mujer tenía una empresa que recibía subvenciones millonarias para cursos de formación.

Griñán ordenó que la gestión de los cursos pasara de Empleo a Educación en un intento de mayor control. La consejera de Educación entonces, Mar Moreno, decidió suspender la concesión de las ayudas en 2011.

Un informe de la Cámara de Cuentas de enero de 2014 destapó que el 89% de las ayudas concedidas en los años 2008 a 2009 se hicieron sin control, señalando irregularidades serias en el ente público Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) dependiente del Servicio Andaluz de Empleo (SEA).

La Fiscalía Superior de Andalucía dictó un decreto en mayo de 2014 en el que denuncia indicios de delito e irregularidades «numerosas, persistentes y graves» en el SAE.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ordenó una investigación interna sobre los cursos de formación desde 2007 a 2011. Educación contrató a unas sesenta personas para fiscalizar uno a uno 8.505 expedientes, con subvenciones que suman 1.613 millones de euros. A finales de julio, el consejero de Empleo, José Maldonado, (al que han vuelto los cursos) dijo en el Parlamento que ya se han fiscalizado 5.300 por un importe de 728,5 millones de euros. De ellos la Junta ha pedido la devolución de 71,9 millones de euros.