La defensa de Griñán pide al instructor del caso ERE que declare la viceconsejera Aguayo

La defensa del expresidente de la Junta de Andalucía y exconsejero de Hacienda José Antonio Griñán ha pedido al juez del caso ERE en el Supremo que cite a la viceconsejera Carmen Aguayo para que declare que no le comunicó ningún informe alertando de irregularidades en la tramitación de estas ayudas.

Carmen Aguayo fue viceconsejera de Economía y Hacienda en el tiempo durante el cual fue consejero de este departamento Griñán y fue también la destinataria de los informes del interventor de la Junta señalando irregularidades, pero no ilegalidades, en la tramitación de los ERE.

Se trataba de informes de cumplimiento, cuya regulación no prevé que deban ser entregados al consejero sino a la viceconsejera, un aspecto reconocido también por el propio exinterventor de la Junta, Manuel Gómez Martínez, ante el instructor del caso, Alberto Jorge Barreiro.

"Griñán nunca recibió esos informes de cumplimiento, y nadie le habló de ellos, tal y como él ha afirmado siempre", ha declarado hoy a los medios de comunicación en el Supremo su abogado, José María Mohedano.

"Como el inspector de la Junta de Andalucía, que fue el emisor de esos informes, ya ha dicho ante el instructor que no se los envió y que tampoco habló de ellos con Griñán, ahora se trata de que confirme esos hechos Carmen Aguayo, la receptora", ha declarado el letrado.

"Se trata de ratificar ante el instructor lo que ya ella declaró en otras instancias judiciales y parlamentarias", ha añadido.

La petición de la declaración de Carmen Martínez Aguayo, que ha solicitado la defensa de Griñán en un escrito de 5 folios, pretende de este modo que la que fuera viceconsejera ratifique lo que ha declarado ante la juez del caso en Sevilla, Mercedes Alaya, y ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Además de esta solicitud, el magistrado Barreiro está pendiente de recibir del Juzgado número 6 de Sevilla abundante documentación, como por ejemplo toda los escritos que recogen lo que durante 10 años el Gobierno andaluz envió al Parlamento en relación con las transferencias de financiación para sufragar los ERE y también con las propias ayudas.

La defensa de Griñán ha solicitado también los expedientes de fiscalización de las transferencias de financiación para que quede claro cómo las controlaba el interventor delegado.

El magistrado ha acordado además, con 15 días de plazo, la ampliación del informe pericial de dos catedráticos encargado por el letrado de Griñán.

A esta documentación se suman las declaraciones como testigo, y por tanto con obligación de decir la verdad, del interventor de la Junta, que antes de ser imputado compareció ante la juez de Sevilla y ante la Guardia Civil.