Un informe de la propia Junta advierte de que los cursos en Málaga no cumplían la legalidad

«Podemos concluir que la entidad (el Servicio Andaluz de Empleo) no ha cumplido con la legislación que le es aplicable». Con esas palabras concluye un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que no hace más que confirmar la caótica gestión de los cursos de formación subvencionados por la Junta y destinados a favorecer la inserción laboral de desempleados.

El documento, al que ha tenido acceso SUR, consta de 67 páginas en las que se detallan «deficiencias significativas» en la concesión y el control de las ayudas por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). De hecho, los interventores de la propia Junta instan a poner en marcha un «plan urgente» para «agilizar la comprobación y liquidación de los expedientes con justificaciones pendientes».

El informe, fechado el 22 de enero, es una de las piedras angulares de la llamada operación Barrado desatada por la jueza Mercedes Alaya contra el presunto fraude en los cursos de formación. De hecho, los agentes de la Unidad de Coordinación Operativa (UCO) de la Guardia Civil han usado el documento para respaldar sus investigaciones, que desembocaron el martes en la detención de 16 personas, entre ellas 13 cargos y exaltos cargos de la Junta, y la imputación de otras cinco. En Málaga fueron arrestados y posteriormente puestos en libertad con cargos el exdelegado de Empleo Juan Carlos Lomeña, la directora de la UTE que gestiona CIOMijas, Mariola Ustarán, y el exdirector de este centro José Gutiérrez. SUR logró contactar con Lomeña y Ustarán para conocer su versión, pero rehusaron hacer declaraciones.

La Intervención General de la Junta encaminó su trabajo a comprobar si los procedimientos para la concesión, pago, justificación y, en su caso, reintegro de las ayudas se adecúan a las órdenes reguladoras. Para ello, se realizó una cata sobre 67 expedientes de subvenciones que representan el 10% de los tramitados entre 2009 y 2012 en la provincia de Málaga.

Los resultados son demoledores. Para empezar, «no consta» documentación suficiente sobre la selección de los alumnos admitidos a los ciclos formativos ni un seguimiento de ellos a tenor del «escaso número de visitas» realizadas a los cursos. Tampoco está acreditado que el SAE haya hecho un «seguimiento posterior» de los alumnos para comprobar su inserción laboral, como marca la ley, que establece que la Administración debe realizar un informe seis meses después de terminar la actividad.

En el apartado de la justificación del gasto, la Intervención resalta: «Reviste especial seriedad el elevado número de expedientes pendientes de liquidación (exactamente, el 61%) por parte del SAE, esto es, pendientes de una comprobación detallada de los gastos aportados por las entidades beneficiarias». Y sigue: «En la mayoría de las ocasiones el retraso es sólo imputable al propio SAE».

El informe destaca otros aspectos sonrojantes, como el «desorden» detectado en la muestra analizada. En algunas de las cajas entregadas por Empleo faltaba documentación y, en otras, había papeles de expedientes que no estaban entre los solicitados por la Intervención, ya que se habían archivado «erróneamente».

La Intervención también insiste en que, en todos aquellos casos en los que no esté presentada la cuenta justificativa de los gastos, debería iniciarse el procedimiento de reintegro de la subvención. En algunos de los expedientes examinados se detectaron gastos no elegibles o «en apariencia desproporcionados».

Las posibles irregularidades se extienden no sólo a la documentación, sino también a los propios cursos. La Intervención observó retrasos en el inicio de los ciclos formativos en el 91% de los expedientes o que se impartieron menos horas de las previstas. Tampoco se encontraron en muchos de los cursos analizados los partes de asistencia mensuales de los alumnos.