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Jueves, 27 de noviembre 2014, 01:19
Ya es la segunda vez en pocos meses que el Vaticano interviene en España para poner orden en sus diócesis. Primero fue en Granada, para apoyar al exmonaguillo que fue víctima de abusos sexuales, y después en Zaragoza, donde la Santa Sede ha forzado la retirada del arzobispo, Manuel Ureña. La razón del cese encubierto estriba en que Ureña tomó la decisión de indemnizar con 105.000 euros a un diácono por no poderle ordenar sacerdote. La cantidad, que a la Curia le pareció desorbitada, concitó extrañeza en Roma, a la que no gustó cómo el prelado manejó todo el asunto, plagado de denuncias turbias. Lo poco que se sabe es que el aspirante al ministerio, destinado en Épila, denunció el acoso repetido del párroco del pueblo zaragozano. El arzobispado de Zaragoza no dio crédito a las acusaciones, pero pese a ello concedió 105.000 euros-al que se añadieron luego otros 15.000- por rescindir la «relación laboral». Los hechos denunciados no estaban avalados por pruebas.
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