Andalucía «minimizará» el impacto de la Ley Wert tras el revés del Supremo

Cuando el próximo 10 de septiembre arranque el curso escolar se hará efectiva la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Los intentos de Andalucía y Cataluña de paralizar en los tribunales la implantación de los decretos que desarrollan las nuevas enseñanzas de Primaria y FP Básica no han sido estimados por el Tribunal Supremo, que ha rechazado la suspensión cautelar de la bautizada como Ley Wert. Pese al revés judicial, la presidenta de la Junta no se da por vencida. Con las miras puestas ahora en el Tribunal Constitucional «si el Supremo ha valorado las formas, esperemos que el Constitucional valore el fondo», precisó, Susana Díaz ya dejó claro ayer que su Ejecutivo «trabajará para minimizar su impacto». Tanto en Primaria, donde comenzará a implantarse en los cursos impares (1.º, 3.º y 5.º) como en la FP Básica, donde además de comprometerse a disponer la misma oferta que los alumnos tenían hasta ahora en los PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) también avanzó que habrá 100 horas adicionales.

Respecto a Primaria, la fórmula de Díaz para suavizar los efectos de la nueva normativa estatal pasan por medidas como «mantener la ratio de 20 alumnos por aula, aunque la ley Wert hable de 30 y apostar por la cultura digital, por la Educación para la Ciudadanía y por una educación inclusiva que permita la movilidad y garantice la igualdad de oportunidades». «Todo ello aunque en algunos de esos aspectos no tengamos garantizada la financiación», aseguró Díaz, que ayer visitó la Feria del Centro además de presidir la entrega a la investigadora Socorro Puy del VIIPremio al Liderazgo Social que concede el PSOE de Málaga. Un acto al que asistieron rectores de varias universidades andaluzas (encabezados por la de Málaga, Adelaida de la Calle), a los que agradeció su «esfuerzo y sensibilidad para no permitir que ningún joven abandone los estudios porque su familia no tenga recursos».

Primar el interés general

Respecto a la decisión del Supremo, la presidenta andaluza evitó entrar en detalles, limitándose a remarcar que aunque la respeta, no la comparte. En el auto, la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tumba el argumento de la Junta del «escaso margen de tiempo» entre la aprobación del decreto (el pasado febrero) y su aplicación prevista para este septiembre para planificar el curso con calidad. Una tesis que no avala el Alto Tribunal, que considera que la propia ley señala «de manera tajante» el calendario a seguir en la implantación de las modificaciones en Primaria. Así, concluye que la suspensión de este decreto supondría el retraso de un año de aplicación de la ley, lo que a su juicio implicaría «una perturbación del interés general de superior entidad al generado por las dificultades con la que aquella (Andalucía) afirma que se encuentra para asumirlo».

Igualmente, el Gobierno autonómico tampoco ha logrado que se paralice la puesta en marcha del primero de los dos cursos de la nueva FP Básica alegando que impediría que diez mil alumnos cursen estos programas y obligaría a que 500 docentes tengan que ser reubicados, otros 500 centros requieran nuevos equipamientos, las editoriales sufran pérdidas por los cambios de materiales o que las dos primeras promociones no obtendrán el título de la ESO hasta el curso 2017-2018. Sobre esta cuestión, el Supremo se limita a rechazarla por una cuestión de competencias. Señala que la Lomce es «literalmente idéntica» al decreto de Formación Profesional, por lo que en caso de anularlo tendría que hacer lo propio con una norma con rango de ley, algo que «queda fuera de la potestad de esta Sala».