«Nos hemos metido aquí porque si no teníamos que irnos a vivir debajo de un puente»

Las cinco familias que han entrado para vivir en un edificio vacío en la calle Tejidos, en la zona de Capuchinos, han ofrecido hoy una rueda de prensa para explicar a la ciudadanía las razones que les han llevado a tomar esta decisión. Acompañados por representantes de Stop Desahucios, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del colectivo Plan de Rescate Ciudadano que han apoyado a la recién bautizada 'Comunidad La Esperanza', algunas de las nuevas inquilinas han pedido comprensión, han querido mostrar que se trata de familias totalmente normales y se han ofrecido a negociar con los propietarios una sociedad un alquiler social para poder quedarse en las casas. En total, son once personas de cinco familias con seis menores de edad desde una bebé con tres semanas hasta una niña de 13 años.

«No hemos forzado las casas, que ya estaban abiertas cuando entramos y estaban en muy mal estado, llena de suciedad y restos de personas que se habían metido para beber y fumar», señala Tania, una de las vecinas. «Me he metido aquí porque estaba embarazada, mi pareja se quedó en el paro y no teníamos ninguna ayuda; era una situación desesperada y si no teníamos que irnos debajo de un puente, así que decidimos que mi niña no podía venir al mundo sin un techo», dice Marta, otra de las habitantes realojadas en la casa.

Llevan dos meses viviendo en estos cinco pisos que, según dicen, estaban vacíos desde hace dos años. Los nuevos inquilinos señalaron que ya han recibido la visita de los propietarios, que han tramitado la denuncia para echarles, aunque confían en que puedan llegar a un acuerdo.

Desde el Plan de Rescate Ciudadano señalaron que «esta desobediencia civil es legítima» porque la sociedad está sufriendo «el robo de sus derechos». Desde la PAH aseguraron que nos encontramos en una situación de emergencia habitacional y que «las familias no pueden esperar más». Ni siquiera a que entre en vigor el decreto de la Junta para el uso social de la vivienda que prevé incluso expropiaciones a bancos y constructoras con casas vacías para familias en riesgo de exclusión.