Dos expolíticos socialistas se divorcian por Twitter

Hay quienes se dan de baja en las redes sociales para no meter la pata, y otros que las utilizan para meterla hasta el fondo. El ciberespacio actúa a veces de celestina y es testigo de peticiones de mano, pero de ahí a que te enteres por un tuit de que tu mujer te ha dejado, va un trecho. Y encima que te acusen de corrupción en 140 caracteres públicos.

La rocambolesca historia no tendría mayor trascendencia si no la hubieran protagonizado dos exconsejeros socialistas baleares: la farmacéutica Aina Salom y el catedrático de Historia de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) Carles Manera. Salom, que hace un mes divulgó por Twitter que se divorciaba de su marido y le dedicaba un fragmento de la canción Que tengas suerte, de Lluis Llach, no ha dudado en usar la red para acusarle de corrupción y «fraude a los emolumentos públicos» por haber cobrado de la UIB mientras «incumplía» una estancia como profesor en las universidades de Barcelona y Londres.

Según la exconsejera de Salud del expresidente balear Frances Antich, Manera permaneció en Palma durante los tres meses entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2012 para los que se le concedió la licencia de estudios. «Tengo los mails donde me pides discreción para que no te pillen», escribió Salom. La Universidad salió ayer al paso de la polémica y aseguró que no le consta que el profesor «incumpliera o hubiese alterado» la licencia de estudios y aclaró que tal licencia no obliga al profesor a permanecer «atado en una mesa en Barcelona o en Londres». Tras estas declaraciones, Salom, también vía Twitter, reconoció que su ex «tiene los certificados correctos», aunque lamentó que las universidades consientan esa forma de proceder. El detonante de esta supuesta venganza: al parecer, Manera seguía utilizando unos teléfonos a nombre de la farmacia de Aina Salom.

Y lo más sorprendente es que ella fue inhabilitada durante un año para ejercer cargo público debido a que siendo consejera incumplió el régimen de incompatibilidades y facturó más de tres millones de euros al Gobierno balear.