Guerra al expolio submarino

Ya en los años 70, especialistas del prestigio de Javier Nieto denunciaron que buceadores franceses venían de vacaciones a nuestro país y aprovechaban el vacío legal para saquear los fondos marinos. Lo intuían los documentalistas del Archivo de Indias, los aficionados a las inmersiones superficiales que desde los 60 acumulan colecciones particulares dignas de cualquier museo, los tasadores, los compradores y los anticuarios. El litoral era un filón, inmenso y desprotegido. Se trataba de llegar, sondear las coordenadas, cargar la botella, 'pescar' las piezas y venderlas, a ser posible, dentro de nuestras fronteras.

Algunos cazatesoros, como el italiano Claudio Bonifacio, hasta concedían entrevistas, y posaban tan tranquilos para la foto de primera, bronceados y con gesto intrépido, emulando a los viejos lobos de mar. Al circuito sólo le faltaban anuncios en prensa, vallas publicitarias y luces de neón. Reinaba la impunidad.

A mediados de los 80, el Gobierno dio los primeros y tímidos pasos para atajar el desavío, incluyendo los yacimientos submarinos en la Ley de Patrimonio Histórico. En los 90, los Centros de Arqueología Subacuática (Cataluña, Cartagena, Andalucía) se convirtieron en las primeras entidades especializadas en la investigación histórica de los fondos. Contaban con el personal mínimo y los medios justos. Pero entonces llegó el buque de Odyssey, amarró en Gibraltar, con las tripas llenas de oro, y España entera se enteró de lo sencillo que podía resultar saquear 500 millones de dólares (unos 348 millones de euros) en las mismas narices de las instituciones, mientras las imágenes de dos señores barbudos y felices, rodeados de brillantes monedas, como en la mismísima cueva de Alí Babá, daban la vuelta al mundo para escarnio nacional.

Ninguna administración pública reconoce abiertamente que la vergonzosa resaca del 'caso Odyssey' ha espoleado la investigación y protección del patrimonio sumergido, pero los hechos no dejan lugar a dudas. La defensa de ese caudal enfangado en el légamo de 30 siglos de historia de la navegación se mueve en dos ámbitos distintos. Mientras el Gobierno pelea en Tampa (Florida) con la compleja jurisprudencia americana para ver si logra resarcirse del golpe económico y moral del 'Nuestra Señora de las Mercedes' -el pasado jueves se confirmaba que la empresa estadounidense ha apelado ante el Undécimo Tribunal de Apelaciones de EE UU contra la orden judicial para poner en manos de España un tesoro valorado en unos 348 millones de euros-, en nuestro país se concretan nuevas leyes y se afinan otras viejas de cara a evitar que el desastre se repita.

Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en aplicar un régimen de protección jurídica a los enclaves arqueológicos subacuáticos. Son 56 'puntos calientes', a los que hay que sumar otros 42 considerados zonas de servidumbre, donde se presupone la existencia de pecios, aunque no haya evidencias científicas que lo confirmen. Su inclusión en 2009 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico, obliga a obtener una autorización para realizar cualquier tipo de obra o intervención (construcción de gaseoductos y puertos, dragados, parques eólicos) en los parajes afectados.

Historia del Mediterráneo

En Málaga, son 14 los yacimientos protegidos, de los 39 susceptibles de tener hundimientos y restos arqueológicos en su área, según el historiador malagueño y director de Nerea Arqueología Subacuática, Javier Noriega. «A lo largo de la Historia se han producido en nuestras costas por motivos geográficos, climáticos, batallas navales o accidentes, cientos de naufragios. Todas estas naves se han convertido en yacimientos arqueológicos submarinos de una gran importancia científica y cultural que atesora prácticamente toda la historia cultural del Mediterráneo», apunta.

En base a numerosas investigaciones, la empresa malagueña ha constatado la importancia del litoral de la provincia con «joyas científicas y culturales» como la existente en torno a una reserva feno-púnica en la costa de la Axarquía, en la que, según Noriega, destacan pecios como el de Mezquitilla, «tristemente expoliado durante decenios». Sin olvidar la huella de un «acontecimiento histórico de sobresaliente importancia», como fue el de la batalla naval de 1704, quizás la más famosa producida en las aguas malacitanas y la más importante en el siglo XVIII en España, a juicio del historiador.

Un capítulo más de los muchos sucedidos en las aguas malagueñas. Ahí están tantas y tantas naves de la Guerra Civil hundidas en nuestro litoral -caso del pecio del submarino C-3- o los restos de la propia Gneissenau, que da nombre al escudo de Málaga, así como una «importante acumulación de pecios romanos» -explica Javier Noriega-, sobre todo en la costa occidental. Estos últimos, relacionados con los yacimientos arqueológicos terrestres de la zona (Suel, Benalmádena o Marbella). No muy lejos cabe destacar, asimismo, un ejemplo de «hundimientos tan desconocidos, pero tan sobresalientes» como el del Ark Royal, portaviones de la Segunda Guerra Mundial que 'duerme' frente a Estepona.

«A pesar de la importancia científica y cultural de estos yacimientos, aún queda mucho por investigar en nuestro litoral (aún no se ha realizado ninguna excavación arqueológica submarina sobre ninguno de sus pecios) y el número de localizaciones es mucho mayor del censado (deben haber cientos)», puntualiza el director de Nerea, considerada por la UE como Empresa Socialmente Responsable de Europa 2009.

La idea, ante todo, es defender el patrimonio de posibles expolios, pero también preservar los restos. Para la directora del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, Carmen García de Rivera, el régimen de protección jurídica puesto en marcha en Andalucía es «un paso de gigante, fruto de muchos años de investigaciones y esfuerzos», cuya finalidad no es exclusivamente «proteger los yacimientos de asaltos premeditados, sino también de los daños que les pueden ocasionar actividades lícitas». No obstante, reconoce que hasta el momento «sólo se ha catalogado una mínima parte del patrimonio sumergido», porque su investigación, recuperación y protección está dejando ahora de ser la hermana menor de la arqueología terrestre.

Superar el retraso

Su homólogo catalán Javier Nieto admite la importancia de una normativa que ayudará a «superar el retraso que, durante más de treinta años, hemos sufrido en este campo frente a países como Italia, que creó sus propias infraestructuras especializadas a finales de los 50».

Nieto también avisa de que «no podía resultar efectivo aplicar los mismos criterios a los yacimientos acuáticos que a los terrestres, porque el patrimonio sumergido tiene sus propias particularidades». «De entrada, el cuerpo legal de las leyes del mar no es el mismo que el de las leyes del suelo, por no hablar de la problemática técnica añadida que tiene la excavación, vigilancia y protección de estos yacimientos».

De ahí la aprobación, en noviembre de 2007, de un Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, cuya consecuencia más mediática fue la reciente firma de un convenio entre Cultura y Defensa para que la Armada ponga a disposición de estos objetivos sus buques y unidades de buceo.