La ley antipiratería planea bloquear webs que causen un «daño patrimonial»

El Ministerio de Economía y Hacienda ha publicado en su página web el texto definitivo del anteproyecto de ley de Economía Sostenible y, como novedad, señala que la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá interrumpir la prestación de un servicio de una página web que «pretenda causar un daño patrimonial». En el texto también se especifica que el 'bloqueo' de webs se producirá contra los prestadores «con ánimo de lucro directo o indirecto». Tal y como anunció la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, la ejecución de las resoluciones de esta comisión requerirá de una autorización judicial previa.

Serán instancias de la Audiencia Nacional las que decidan el bloqueo de una web, tras varios avisos al usuario. El anteproyecto detalla además quiénes serán convocados a una especie de careo ante el juez antes de que se proceda al cierre de una página: un representante de la página denunciada, los dueños de los derechos de autor, un representante de la Administración y un fiscal. Antes de llegar a instancias judiciales habrá un proceso administrativo ejecutado por la futura sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Ampliación del espectro

Para el abogado experto en la Red David Bravo, la inclusión del término 'daño patrimonial' supone una «ampliación del espectro» de los usuarios que podrían verse afectados por esta medida, puesto que incluye a aquellos que no tengan ánimo de lucro. «Ahora será la comisión la que decida sobre la intención de las personas. ¿Cómo se valora eso?», preguntó el experto legal.

Bravo también criticó la inclusión de las palabras 'directo e indirecto', un cambio a su entender «innecesario». «Eso ya era posible antes. Según esto, un mero blog con publicidad puede verse afectado por poner un simple enlace a Youtube», explicó el abogado. En cuanto al resto del documento, no se incluye ninguna novedad respecto a lo anunciado por González-Sinde. A día de hoy, falta por conocer la composición de la sección segunda de la comisión, que estudiará la interrupción de la prestación del servicio y que la ministra anunció que «reflejará necesariamente la pluralidad de intereses y en ella habrá expertos en derechos, expertos en Internet y en las diferentes materias».

El texto del anteproyecto no da más detalles sobre el funcionamiento y la composición de esta comisión, que serán abordados a través del reglamento que desarrollará la ley.