Roca y Muñoz tendrán que devolver 300.000 euros de gastos injustificados al Ayuntamiento

Gastos en restaurantes y hoteles, gratificaciones y cantidades abonadas a terceros por encima de lo estipulado en contrato. Desde la empresa municipal Planeamiento 2000 SL salieron entre 1997 y 2001 casi 302.000 euros sin justificar. Así lo establece una sentencia del Tribunal de Cuentas, que condena al ex gerente de la sociedad, Juan Antonio Roca, y al entonces presidente de su consejo de administración, Julián Muñoz, a reintegrar dicho importe al Ayuntamiento de Marbella.

La resolución por alcance contable, que considera también responsables del perjuicio económico a las arcas municipales al ex concejal Esteban Guzmán y al abogado Modesto Perodia, fija además en más de 122.000 euros los intereses que deberán asumir los cuatro condenados. La sentencia, contra la que cabe recurso, no estima sin embargo otros importes demandados por el Consistorio marbellí, que cifraba en más de 1,8 millones de euros la cuantía sin justificar.

El Tribunal de Cuentas considera como hechos probados que Roca, como gerente de la sociedad, realizó entre 2000 y 2001 gastos por más de 11.500 euros en restaurantes, en desplazamientos en avión a Madrid y en alojamientos en el Hotel Villamagna de la capital. Todos ellos sin justificar. De igual forma, la sentencia, notificada el pasado noviembre y a la que ha tenido acceso SUR, establece que Roca percibió «indebidamente» en esos dos años una suma de dinero de casi 223.000 euros en gratificaciones.

Pago a Sierra

Entre las irregularidades, detectadas en el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento marbellí llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas, se encuentra un abono por más de 60.000 euros al abogado José Luis Sierra -asesor jurídico del fallecido ex alcalde Jesús Gil-, por la elaboración de un informe referente a la formulación de un recurso contencioso-administrativo contra una resolución de la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

La sentencia establece otros perjuicios a los fondos públicos, en cuantías económicas que van desde los 1.700 a los 4.500 euros, en retribuciones superiores a las establecidas en distintos contratos firmados con empresas y profesionales por parte de Planeamiento 2000. Por el contrario, el Tribunal de Cuentas no estima la reclamación del Consistorio a los demandados por importe de los 901.000 entregados en su día por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental para la adquisición de terrenos donde se ubicaría la desalinizadora de Marbella.

Según la resolución, «no ha quedado probado» que la cantidad ingresada por parte del órgano mancomunado en las cuentas de la sociedad municipal «haya salido posteriormente de las mismas» o «se haya utilizado indebidamente». El tribunal, que recuerda que por estos supuestos hechos se siguen actuaciones penales, considera por tanto que las pruebas no permiten concluir la existencia en este aspecto de un menoscabo en los fondos públicos del Ayuntamiento». Tampoco establece que haya quedado acreditado «un daño real y efectivo en las arcas municipales» en un pago de casi 3.500 euros abonado por Planeamiento al abogado José María del Nido, tal y como demandaba el Consistorio.

Cargos formales

En el juicio por este procedimiento de alcance contable, tanto el ex alcalde Julián Muñoz como los otros dos integrantes del consejo de administración de la empresa municipal alegaron que sus cargos eran meramente formales y que no estaban encargados del manejo de los fondos de la sociedad, por lo que no se les podía considerar responsables contables.

Por su parte, la defensa de Roca aseguró que sus funciones como gerente eran meramente administrativas y que no había tenido ninguna facultad de gestión de ingresos o gastos. Para el Tribunal de Cuentas, la conducta de los miembros del consejo de administración y del gerente es «gravemente negligente». En el caso de los primeros, porque incumplieron sus funciones esenciales de control, dando lugar a que se produjera un daño a los fondos públicos. «No sólo tuvieron conocimiento, sino que, además debieron vigilar y supervisar los pagos que se realizaban», señala la sentencia.

Respecto a Roca, el tribunal afirma que «además participó directamente en los hechos, percibiendo diversas cantidades en concepto de alojamiento, traslados, manutención y gratificaciones no justificadas», así como «firmando los contratos» que fijaban las retribuciones a percibir por diversos profesionales» que cobraron «cantidades superiores a las estipuladas».