La libertad lingüística condiciona el pacto de Estado por la Educación

El pacto educativo es además de necesario «posible y viable». Así lo cree y lo repite hasta la saciedad el titular de Educación, Ángel Gabilondo, que se mostró ayer «optimista» sobre su consecución. Un optimismo que comparte desde la oposición la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que también ve «posible» su consecución.

Después de tres meses de contactos con todos los partidos y los agentes educativos, lo positivo es que la cuerda no se ha tensado, que nadie se ha tirado los trastos a la cabeza ni ha puesto palos en la rueda negociadora. Que todas las partes constatan la «voluntad» y la «posibilidad real» de alcanzar el ansiado pacto. Pero también lo es que la libertad lingüística condicionará este gran acuerdo, aunque no se haya entrado aún a discutir en detalle sobre esta delicada materia. Gabilondo anunció que en dos meses se podrá contar con un documento concreto con los contenidos que se han de discutir. Reconoció que otros asuntos como la asignatura de religión quedan también fuera de la discusión y habrán de tratarse en la futura Ley de Libertad Religiosa.

Gabilondo se había comprometido a explicarse antes de fin de año y ha cumplido su palabra. Existen, según reiteró el ministro, «puntos de aproximación» en materia de estabilidad normativa, acuerdos de financiación y pacto por los educadores y la comunidad educativa. Pero las discusiones continuarán en los próximos dos meses con las comunidades autónomas, grupos parlamentarios y con la comunidad educativa. «La sociedad demanda que logremos el pacto, espera que los políticos estemos a la altura y hay un clima de consenso y acuerdo que lo harán posible», dijo.

El ministro insistió en que hay «plena voluntad de participar, disponibilidad y plena conciencia de la necesidad de lograrlo por todas las partes». «Sera un pacto con un horizonte de generaciones, no de elecciones», apuntó.

No quiso entrar Gabilondo en detalles sobre si las demandas del PP exigen que el pacto se inspire en la «vertebración del sistema educativo», lo que se traduciría en la garantía de elección para optar por la lengua en la que se han de formar nuestros estudiantes en aquellas comunidades con lengua propia. «Se puede hablar y hablaremos de política lingüística con toda naturalidad y gusto», dijo Gabilondo, que se remitió en todo momento a la Constitución. Una norma «que establece el deber de conocer la lengua y el derecho a usar el castellano», dijo, aunque «también la ley establece que los estudiantes debe n comprender y expresarse con corrección oralmente y por escrito en la lengua castellana y en lengua cooficial de las comunidades donde las haya». «Cualquier acuerdo que alcancemos irá en la dirección de que eso ha de ser así. El conocimiento del castellano está garantizado por la Constitución y la ley, y lo que reclamo es su cumplimiento», insistió el ministro. «Vivimos en un país en el que tenemos voluntad de que haya multilingüismo y conocimiento de otras lenguas instrumentales como el inglés, que es uno de nuestro grandes desafíos», aseguró.

«Ninguna lengua se defiende combatiendo ni persiguiendo a otras lenguas y sí haciéndola valer, usándola adecuada y correctamente y promoviendo su conocimiento y su afecto a ella», añadió Gabilondo.