El hombre que nunca estuvo allí

Unos lo calificaron de funcionario; otros de personal laboral, algunos desconocían cuál era su cometido en el Ayuntamiento de Marbella y otros negaron que llegara a trabajar para el Consistorio. La situación laboral de Roca fue motivo de debate y discusión por abogados, fiscales y el propio Ayuntamiento marbellí que rechazó cualquier relación laboral con el ex asesor urbanístico durante el juicio por su despido, uno de los tres procedimientos que se celebraron ayer en el Palacio de Justicia con el presunto cerebro de 'Malaya' como protagonista.

El único que no dijo de viva voz cuál es su situación contractual es el propio Juan Antonio Roca que optó por no asistir a las tres citas que ayer tenía con la justicia en las que se decidía su futuro laboral y procesal. A través de un poder notarial, delegó en sus abogados el juicio por su despido en el que pidió ser readmitido o indemnizado; su recurso contra el segundo auto de procesamiento del 'caso Malaya' y la vista en la que solicitó por décima vez su puesta en libertad. Todo en una misma mañana.

43 después de que entrara en prisión, acusaciones y defensas analizaron con lupa el cometido laboral del ex asesor urbanístico, clave para decidir no sólo sobre la improcedencia o no de su despido, juicio que ayer quedó visto para sentencia en el juzgado de lo Social 11, también sobre su participación en los hechos delictivos que se le imputan en la supuesta trama de corrupción municipal. Para el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, a efectos penales es un funcionario público. Para su abogado defensor en 'Malaya', Aníbal Álvarez, no es «ni político ni funcionario» y por tanto, «no es responsable de las decisiones urbanísticas que se tomaron». Para su letrado en el despido, Francisco Hurtado, es «personal laboral». El jefe de Personal del Ayuntamiento, Javier Granados, sólo sabe que «mandaba». Pero la respuesta del Consistorio marbellí fue la más sorprendente. Era la primera vez que aseguraba no haber mantenido relación laboral alguna con el ex asesor urbanístico. Según el letrado del Ayuntamiento, Santiago Jiménez, «no estaba sujeto a horarios, no tenía superiores, él mismo se puso el sueldo y no disponía de despacho». Por tanto, dijo, «es un contrato de trabajo nulo y simulado». El Gobierno municipal despidió a Roca el pasado 24 de agosto por faltar de forma «repetida e injustificada a su puesto de trabajo» desde el 31 de marzo de 2006, fecha en la que ingresó en prisión preventiva por el 'caso Malaya'. El Ejecutivo local fundamentó la medida disciplinaria en el carácter firme adquirido por la condena de nueve meses de cárcel dictada contra el ex asesor urbanístico por dos delitos de tráfico de influencias en el denominado 'caso Belmonsa'. Según el letrado, de existir una relación laboral la firmeza de dicha sentencia convierte la ausencia laboral por estar en prisión en causa de despido disciplinario.

La representación legal de Roca solicitó que fuese readmitido en su puesto o indemnizado conforme a su antigüedad, desde abril de 1992, y su sueldo, 9.000 euros mensuales. Para el abogado de Roca, no sólo existe relación laboral, como demuestra el hecho de haber sido reubicado hace un año en el OAL Servicios Operativos cuando desapareció la sociedad municipal en la que trabajaba, Gerencia de Compras, sino que «los plazos para echarlo han prescrito todos». Además, apuntó que el despido es por faltar desde hace tres años al estar preso por 'Malaya', no por el 'caso Belmonsa' del que dice, ha solicitado la suspensión de la pena al ser inferior a dos años.

Respecto a su recurso por el segundo auto de procesamiento de 'Malaya', su otro abogado, Aníbal Álvarez, repitió los mismos argumentos que en anteriores vistas. Falta de pruebas incriminatorias y de responsabilidad en la toma de decisiones. En las operaciones urbanísticas 'Ave María' y 'Francisco Norte' por las que supuestamente se enriqueció, Álvarez aseguró: «No es un delito hacer negocios ni tener el don de la oportunidad para comprar y vender terrenos». La respuesta del fiscal Anticorrupción no se hizo esperar: «El delito está -dijo- en que él mismo modificó el urbanismo a su antojo para asegurarse la ganancia».