El área de Policía Local estudia instalar cámaras de videovigilancia en el municipio

La instalación de cámaras de vigilancia en el municipio para luchar contra la delincuencia está cada vez más cerca. El área municipal de Policía Local está elaborando un estudio sobre el número de cámaras que se necesitarían en el municipio con el objetivo de reforzar la vigilancia, garantizar una rápida actuación en caso de emergencia, problemas de tráfico e incluso evitar actos vandálicos en determinados puntos de los cascos urbanos.

Aunque todavía no se ha concluido el informe, el edil del área, Juan Herrera (PSOE), ha manifestado que la intención de su departamento es proponer al equipo de gobierno la posibilidad de incluir en el plan Zapatero de 2010 un proyecto dirigido a favorecer la instalación de cámaras de videovigilancia en todos los edificios públicos municipales, las pedanías, que son las poblaciones que menos presencia policial registran; lugares donde son frecuentes los actos vandálicos, puntos negros de tráfico y calles y plazas donde por motivo de seguridad sea aconsejable la presencia de este sistema de vigilancia.

Herrera ha manifestado que su intención pasa por colocar cámaras, ya no sólo en el exterior del edificio del Ayuntamiento, sino también en todas las tenencias de alcaldía, colegios, institutos, Casa Cervantes, Palacio de Beniel y demás inmuebles de propiedad municipal.

Para el responsable de la Policía Local, el proyecto, en el supuesto de salir adelante, beneficiará de manera especial a las pedanías, donde la presencia policial siempre ha sido menos frecuente debido a la falta de medios humanos en la plantilla policial, lo que ha llevado a la concejalía a anunciar la creación de un grupo de agentes exclusivo para los núcleos.

Herramienta disuasoria

Herrera ha señalado que las cámaras son una herramienta disuasoria y preventiva que reducirá los hurtos y robos en aquellos lugares donde se establezca esta forma de vigilancia, a la vez que ayudará a los servicios de emergencia y a la propia policía en caso necesario.

El edil no ha descartado la posibilidad de solicitar otras líneas de ayudas para materializar el proyecto, siempre que el equipo de gobierno así lo decida.

La realización de cualquier proyecto de estas características exige el visto bueno de la Comisión de Vigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a través de la Subdelegación del Gobierno.

Este sistema, que funciona las 24 horas del día, está implantado en el centro de Málaga capital y en Puerto Banús (Marbella). Las imágenes tomadas por las cámaras y controladas por la Policía Nacional podrán emplearse como pruebas judiciales en los casos en que recojan la comisión de delitos.

En estos supuestos, la ley establece que los agentes deben poner las grabaciones a disposición de la autoridad judicial en un plazo máximo de 72 horas. En caso contrario, deben destruirlas en el plazo máximo de un mes.