García Marcos siempre votó lo que decían los técnicos, según su abogado

Las vistas de los recursos contra el procesamiento de los imputados en el 'caso Malaya' continúa en la Audiencia Provincial, aunque con una considerable menor expectación mediática. Ayer fue el turno de los abogados de la ex edil socialista y ex teniente de alcalde de Marbella, Isabel García Marcos, y del ex concejal gilista Rafael Calleja.

El letrado de García Marcos sostuvo que las pruebas en las que se basa el procesamiento de su patrocinada «son como mucho meras sospechas y no pueden ser consideradas como indicios racionales de criminalidad». El defensor José Luis Rueda se refería de esta forma a las iniciales IGM aparecidas en la contabilidad de la empresa Maras, vinculada a Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción municipal. «Son unas simples siglas, que pueden coincidir con infinidad de nombres, que no sobrepasan la mera sospecha y que en modo alguno pueden sostener el auto de procesamiento», aseguró. También mencionó el informe policial, del que dijo que «se hacen conjeturas» para relacionar las supuestas entregas de dinero a García Marcos con los sobres intervenidos en su domicilio. Rueda aseguró también que las afirmaciones que la ex edil realiza en una de las conversaciones telefónicas contenidas en el sumario «se han sacado fuera de contexto».

Pero en lo que el letrado de la ex concejal socialista hizo mayor hincapié en su alegato fue que Isabel García Marcos, en los plenos y comisiones, «siempre votó de acuerdo a lo que indicaban la informes de los técnicos municipales: «Si eran favorables votaba a favor, si eran desfavorables, en contra. No hay una sola resolución en la que se haya apartado de lo que decían los dictámenes de los funcionarios. Y ellos no están en este proceso, por lo que no es lógico que ella sí lo esté». José Luis Rueda solicitó al tribunal la revocación del auto de procesamiento.

Recusación del instructor

«Se ha producido vulneración de derechos fundamentales», afirmó el letrado del ex edil Rafael Calleja, Francisco Calderón, que puso como ejemplo que cuando Miguel Ángel Torres, entonces juez instructor del caso, dictó auto de procesamiento tenía conocimiento de que existía una recusación contra él, por lo que «tendría que haberse abstenido». Al igual que la mayoría de los defensores criticó, por ser «meras conjeturas, especulaciones e hipótesis, a las que no se le puede dar valor de indicio racional de criminalidad», las anotaciones intervenidas en la contabilidad de la empresa Maras, y calificó de «vagas, imprecisas y genéricas» las afirmaciones que se realizan en el auto de procesamiento, que «no detalla qué actos ni qué resoluciones son contrarias a derecho, ni se individualizan las responsabilidades de cada uno de los miembros de la corporación municipal», apostilló.

El abogado criticó los informes policiales, «plagados de errores». Así, puso como ejemplo que los investigadores afirmaron que Rafael Calleja había sido multado mientras conducía un coche de la empresa Construcciones Salamanca -de la que supuestamente habría recibido comisiones- «cuando en realidad el vehículo era propiedad de un concesionario con el mismo nombre, C. Salamanca».