Piden extender la consideración de «autoridad pública» a los profesores de centros privados

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, propone abrir un «gran debate» sobre una Ley que ampare y proteja la autoridad del profesor, semejante a la anunciada por Esperanza Aguirre. «Tiene que ser el resultado de un gran debate nacional que termine en el Parlamento y en que implique a todos los sectores de la enseñanza», planteó Múgica ayer. Coinciden con él los sindicatos y la patronal de la enseñanza privada y concertada, que denuncian el «agravio» que supondría una ley que ampare sólo a profesores públicos -y por tanto funcionarios- reconociéndoles su condición de 'autoridad pública' y se desentienda de los docentes de centros privados y concertados.

En su planteamiento inicial, la 'Ley Aguirre' sólo ampara a los profesores-funcionarios, 48.000 en la comunidad de Madrid, frente a los 35.000 de la privada y concertada. En el curso que acaba de comenzar, según los datos de Educación, hay 674.425 profesores en los centros públicos y 181.759 en los privados y concertados.

Sindicatos como USO, con amplia implantación en la enseñanza privada y concertada, y la patronal de este sector, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) que agrupa a más de 6.000 empresas del sector educativo, aceptan y respaldan la polémica propuesta de Esperanza Aguirre, que convertiría a Madrid en la primera comunidad que ofrece esta protección al profesorado con rango de ley.

Pero ambos proponen que se vaya más allá, con una ley protectora de ámbito estatal en la que tengan cabida profesores de colegios privados y concertados «que de no ser así quedarían indefensos». «La ley debe proteger a todos los docentes sea cual sea su centro de trabajo», dijo Isabel Bazo, presidenta de CECE.