Divorciados en apuros acuden al juzgado a pedir una reducción de las pensiones

La crisis económica está ahogando a muchas familias malagueñas, pero sobre todo está empeorando drásticamente las condiciones de vida de las personas divorciadas que a duras penas pueden cumplir con los pagos de las pensiones fijadas con anterioridad, en el momento de la ruptura. Los divorciados que han perdido su empleo o han tenido que cerrar sus negocios acuden cada vez más a los juzgados para conseguir una reducción de la cuantía destinada a la manutención de sus hijos e incluso, en algunos casos, cancelar la pensión compensatoria que pagan a sus ex cónyuges. Pequeños constructores, autónomos y empleados vinculados al sector de las construcción son los más perjudicados.

Las solicitudes de modificación de medidas fijadas en las sentencias de divorcio o separación han aumentado un 30% en lo que va de año. En los juzgados de familia esperan aún un incremento mayor de estas peticiones en los próximos meses, cuando el colchón de las prestaciones por desempleo se vaya consumiendo y los efectos de la crisis asomen con toda su crudeza.

En sus peticiones ante el juzgado, los divorciados en apuros económicos argumentan que se han quedado en el paro o que le han rebajado el salario. Sin embargo, sus demandas no siempre son atendidas.

Es más, la mayoría son rechazadas por los jueces: «En muchas ocasiones porque las cantidades fijadas están tan ajustadas que no se pueden reducir más, ya que garantizan un mínimo de subsistencia para los niños», explica el juez de familia José Luis Utrera, quien recuerda que en el baremo utilizado para calcular la manutención se fija un mínimo de 150 euros mensuales por un hijo. El Código Civil, además, establece que para reducir la medida económica se tiene que acreditar que se trata de una situación permanente y no coyuntural y, desde luego, ajena a la voluntad del pagador. «Hay quien llega al juzgado con el sello del primer mes del desempleo pidiendo ya una disminución de la pensión», dice el magistrado, quien añade que también se da «mucha picaresca», personas que con la excusa de la crisis aprovechan para pedir reducciones sin que su estatus económico haya variado.

«Es cierto, menos de 150 euros no se puede fijar, ya que lo primero es garantizar esa manutención de los menores de edad. Además, los jueces saben que aunque se haya perdido el trabajo, normalmente detrás siempre hay un subsidio, una indemnización por despido a los que se puede recurrir», explica la abogada especialista en asuntos de familia María José Vergara, quien advierte también que las ejecuciones por impago de pensiones, es decir, los procedimientos de embargo se están multiplicando.

La letrada agrega que las modificaciones de medidas están provocando enfrentamientos entre los ex cónyuges, que «difícilmente se ponen de acuerdo» y subraya que parejas que rompieron inicialmente de forma amistosa «acaban muy mal cuando las cosas empiezan a torcerse en lo económico».

El panorama se está poniendo muy negro para los hombres divorciados que han visto muy mermados sus ingresos. «En 31 años de ejercicio profesional no he visto cosas tan dramáticas como hasta ahora», asegura Vergara, quien relata el caso de un empresario autónomo del sector del transporte, que perdió hasta su casa, y ante una inminente denuncia por impago de la pensión, cuya reducción le fue denegada. «Tuve que aconsejarle que recurriera al juzgado de lo mercantil y que solicitara una declaración de concurso de acreedores» (antigua suspensión de pagos).

En opinión María Soledad Benítez-Piaya, especialista también en la materia, los jueces «no pueden ser tan rígidos en sus criterios sobre la reducción de pensiones. Es cierto que los hijos son lo primero y hay que garantizarles un mínimo de subsistencia, en eso estamos de acuerdo, pero hay casos y casos». Esta abogada añade que existen pensiones muy altas, que se fijaron en tiempos de más alegría económica, que no se aceptan reducir con el argumento de la temporalidad, de que se trata de una situación coyuntural.

«Creo que no se está teniendo en cuenta lo que está pasado en este país. No hay trabajo y no se puede exigir lo que ya no se puede cumplir», asegura. Alerta además de que «la impotencia que provoca verse en esas circunstancias puede desatar la violencia» en la relación de los ex cónyuges.

Benítez-Piaya recuerda los problemas que atraviesan también los divorciados que se han vuelto a casar y que han tenido más hijos. Son las llamadas familias reconstituidas. «A ellos también se les deniega la reducción de la pensión porque tener otros hijos en el seno de una nueva familia o meterse en una hipoteca es una decisión voluntaria», explica.

La jurisprudencia en estas cuestiones establece «la paternidad responsable», es decir, hay que sostener tanto a los nuevos hijos como a los anteriores, añade otro juez de familia.

La pérdida de la casa

Otro quebradero de cabeza es la hipoteca. Con la pérdida del empleo y la mengua de ingresos, uno de los cónyuges deja de pagar su parte y el otro no puede asumir el gasto. El banco acaba quedándose con la casa. «Influye desde luego la situación económica, pero la falta de acuerdo entre las partes, la ausencia de diálogo es, sobre todo, lo que les impide buscar una solución, como una ampliación de la hipoteca para poder ir pagándola», asegura el mismo magistrado.

La dificultad para llegar a un acuerdo es algo que comparte María José Vergara. «Las hipotecas se dejan de pagar y las pensiones se abonan, pero parcialmente. La otra parte, la que recibe porque tiene a su cargo los hijos, está igualmente necesitada. Cuando se plantea una reducción surge el conflicto porque nadie está dispuesto a perder dinero», agrega.