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ELISA GARCÍA
Lunes, 18 de mayo 2009, 04:04
Las empresas del metal carecen de pedidos y la crisis lejos de alejarse comienza a destruir el tejido industrial del sector, que debería ser básico en la fase de la recuperación. Así, la patronal Confemetal lanza una llamada de socorro, tras entregar al Gobierno un decálogo de medidas anticrisis que espera se apliquen con urgencia. El Ejecutivo da palos de ciego y carece de «un plan integrado de enfrentamiento» a la recesión «en el que cada actuación forme parte de un todo», lamentó el vicepresidente de la organización empresarial y presidente de Unesid, Juan Ignacio Bartolomé.
El metal ocupaba a 1.073.600 personas en el primer trimestre de 2009, lo que supuso una caída del 14,2% en relación con el mismo periodo del año anterior y, en números absolutos, la pérdida de 178.100 puestos de trabajo. Otras cifras que demuestran el deterioro «imparable» del sector reflejan descensos del 37,8% en la actividad productiva; del 37,3% en las exportaciones; y del 41,1% de las importaciones.
Bartolomé explicó que a estos datos negativos se suma la creciente dificultad para conseguir financiación. «Existe un importante problema de capital circulante en las empresas y una tremenda escasez de liquidez», añadió. «Bancos y cajas no sólo no apoyan la mermada situación de las compañías y de las industrias sino que endurecen el acceso a los créditos y renovaciones, incluso, en casos de reconocida solvencia, a la vez que incrementan comisiones, suben tipos de interés y aumentan la prima de riesgo».
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El decálogo de exigencias de Confemetal comienza por medidas que mejoren el acceso al crédito privado, estimulen la financiación y ofrezcan ventajas fiscales en la compra de determinados bienes. También es imprescindible el fomento de la demanda dirigida a los sectores de la construcción y el automóvil con planes «integrales y específicos», donde las «aisladas» iniciativas adoptadas resultan insuficientes; y modificar la actual Ley de Morosidad para agilizar «los lentos y costosos trámites administrativos» con la introducción de plazos máximos de pago.
Entre los cambios reclamados figuran ampliar, promover e informar de los recursos y líneas de apoyo para la financiación de empresas e industrias a través de una mejora de las condiciones de los créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial) y flexibilizar los plazos para pagar el Impuesto del Valor Añadido (IVA), de manera transitoria.
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