Alcaldes con causa pendiente

El ya ex alcalde socialista de Alcaucín José Manuel Martín Alba es el último protagonista de una historia y unas imágenes que se han hecho, desgraciadamente, demasiado habituales y repetidas en la provincia: la de regidores entrando en prisión o la de ayuntamientos e instituciones públicas tomados por la Policía Nacional o la Guardia Civil. Su nombre se une a una extensa lista en la que se encuentran, entre otros, Jesús Gil, Marisol Yagüe o Antonio Barrientos. Actualmente, una radiografía al mapa de esta tierra revela que diez alcaldes tienen alguna causa abierta en los tribunales de justicia. Una situación que afecta a todos los partidos, a los municipios grandes y pequeños, del interior o del litoral.

Seis de esos alcaldes son socialistas, tres del Partido Popular y uno de Convergencia Andaluza. Las causas relacionadas con el urbanismo se encuentran detrás de la mayoría de estos casos, junto a los delitos medioambientales, aunque también hay un presunto caso de acoso a una concejala y uno de malversación de caudales públicos, según la información recabada por este periódico de fuentes políticas y judiciales.

Trapos sucios

Las causas judiciales abiertas son usadas por los dirigentes de los principales partidos de Málaga como arma arrojadiza en la lucha política, sustituyendo, en ocasiones, a las confrontaciones ideológicas, hoy de capa caída. En los últimos meses hemos visto como debates sobre otros asuntos han ido derivando en una guerra en la que se han sacado los trapos sucios en una estrategia, estéril a todas luces, del 'y tú más'. Además, tanto populares como socialistas se han reprochado las actuaciones que unos y otros mantienen cuando se producen, fundamentalmente, los casos de corrupción.

Quien siempre suele estar en ese ojo del huracán político es el alcalde popular de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón. Éste, junto a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, se encuentra en libertad bajo fianza tras ser detenidos en el marco del 'caso Troya'. Al regidor alhaurino se le imputan los presuntos delitos de cohecho, prevaricación urbanística y blanqueo de capitales. Desde la dirección del PP se defiende su inocencia y se achaca su caso a «una persecución política», mientras que desde las filas socialistas se pide, un día sí y otro también, que los populares le expulsen del partido y dimita como alcalde y diputado provincial.

Sobre su vecino y compañero de partido, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, pesa una imputación por un presunto delito medioambiental en el caso de las canteras de la localidad, además de tener diligencias abiertas a instancias de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación a raíz de unas oposiciones para funcionarios y personal laboral supuestamente fraudulentas. Expulsado de las filas populares está el regidor de Sierra de Yeguas, Rafael Sánchez Lavado, quien fue denunciado por su compañera del PP y de corporación Josefa Torres por siete presuntos delitos, entre ellos el de violación consumada y acoso sexual. Ya ha declarado ante el juez.

El último en saltar

El 60% de esos alcaldes pertenecen al PSOE (el partido con más alcaldías en la provincia). El último caso en saltar en sus filas ha sido en Fuente de Piedra, donde la Fiscalía ha imputado al ex alcalde de Fuente de Piedra y actual gerente provincial de la Empresa Pública del Suelo en Andalucía, Cristóbal Fernández, y al actual regidor y anterior concejal de Medio Ambiente, Francisco Hidalgo, por un supuesto delito medioambiental al no impedir, presuntamente, el vertido en la laguna de la localidad de vertidos residuales por una empresa ubicada en el pueblo.

El municipio de mayor envergadura gobernado por los socialistas y afectado por algún caso es Mijas, donde Antonio Sánchez tiene abierto un procedimiento -en el que también está su concejal de Seguridad, José Francisco Roca-, por un presunto delito de prevaricación al negar la entrada en la Policía Local de un opositor.

En la comarca de la Axarquía es donde se detectan un mayor número de casos en el PSOE, cuatro: Uno está relacionado con malversación de caudales públicos y los otros tres con el urbanismo.

A Antonio Benítez, de Alfarnatejo, se le imputa un presunto delito de malversación malversación de caudales públicos en un procedimiento en el que también está imputado el que fuera ex primer teniente alcalde de la localidad Rafael Gallardo, por recibir dinero de facturas emitidas por empresarios. Ambos están acusados de un presunto desvío de fondos a través de una transferencia de la que se dieron las órdenes de pago a las cuentas corrientes del regidor, su padre, y el ex primer teniente de alcalde.

A los alcaldes de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, y Sayalonga, José Luis Navas, les une el hecho de que se les imputa un presunto delito por permitir construir viviendas en suelo agrícola. Mientras que para el regidor de La Viñuela, Juan Millán, la Fiscalía ha pedido cárcel e inhabilitación por conceder presuntamente tres licencias de obras para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y sin realizar los trámites necesarios en los expedientes.

El único alcalde con una causa pendiente que no pertenece a ninguno de los dos grandes partidos es el de la localidad de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza), a quien la Fiscalía malagueña ha acusado de un total de veintitrés delitos urbanísticos por licencias de obras que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable. Un aso por el que se enfrenta a una solicitud de pena de prisión.