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FRANCISCO JIMÉNEZ
Sábado, 7 de marzo 2009, 02:49
Por teléfono, por fax, en persona,... y al final, en los juzgados. La paciencia tiene un límite y, en el caso de B. R. B. J., ésta ha durado un año y medio. Ése es el tiempo que ha necesitado esta vecina de Fuengirola para que una compañía de telefonía le diera de baja en Internet, eso sí, cobrándole mensualmente la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) que no usaba desde que su marido falleció en 2004, puesto que era él quien trabajaba con esta línea. Dado que no le reportaba ninguna utilidad y además le suponía un considerable desembolso económico, en junio de 2007 decidió darse de baja. Ahí empezó una travesía que no acabó hasta noviembre de 2008.
Sintiéndose engañada y cansada de tantas evasivas, esta danesa afincada en la Costa emprendió una batalla legal contra la operadora, a la que reclama los 552 euros que tuvo que pagar durante ese periodo, además de 26,87 euros en concepto de intereses. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Fuengirola ha admitido a trámite la demanda, fijando la celebración del juicio para el 18 de mayo. Fuentes del gabinete jurídico que lleva el caso aseguran que para su defendida «no se trata de una cuestión de dinero, sino de defender sus derechos».
Según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, el esposo de la demandante contrató la RDSI de forma verbal, comprometiéndose la operadora «a enviarle justificante por escrito, indicándole que no existía ninguna cláusula de permanencia y que, previa solicitud, podría resolver el contrato en el momento que desease y sin cargo alguno». Algo que, al parecer, no se ha cumplido, ya que ni siquiera tiene en su poder el contrato.
«Nos referimos a un cobro fraudulento o, al menos, indebido», afirman desde el despacho de abogados, que también contactó en varias ocasiones con la operadora exigiendo la baja del servicio y la devolución de las cuotas. La baja se formalizó el 28 de noviembre de 2008. Del dinero, nada de nada.
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