El Congreso da un paso decisivo hacia una ley de plazos en el aborto

El Gobierno tiene ya la receta básica para la futura ley del aborto, despenalizadora de la interrupción voluntaria del embarazo y libre en el primer tramo de la gestación durante un número de semanas que los grupos parlamentarios no quisieron fijar. La Comisión de Igualdad del Congreso aprobó ayer miércoles las pautas para elaborar un proyecto de ley que dentro de unos meses volverá al Parlamento, entonces sí, para su ratificación definitiva. Los del PP fueron los únicos votos en contra; el PNV se abstuvo y CiU se reservó su voto para cuando la ley llegue al Pleno.

Ahora es el turno del Gobierno. El informe rubricado ayer por el PSOE y sus aliados de Esquerra Republicana, Izquierda Unida y grupo Mixto es el aval previo con que el Ejecutivo quería arroparse antes de modificar la actual ley del aborto (1985). Recomienda, primero, derogar el delito de aborto aún vigente en el Código Penal (art.417 bis). Y sustituir el actual modelo de indicaciones por un modelo de aborto libre durante un número de semanas que deberá establecer el Gobierno «en la línea de los países del entorno», donde quepa «la gran mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVEs) que se practican en nuestro país».

Primeras 20 semanas

El 98 por ciento de los 111.000 abortos practicados en España en 2007 se hicieron antes de las primeras 20 semanas de gestación, aunque es muy improbable que el Ministerio de Igualdad, ponente de la futura ley, llegue tan lejos. Países como Francia, Alemania y otros autorizan abortar a las mujeres sin más requisito que su voluntad hasta las 14 semanas de gestación, y la duda estriba en si el Gobierno de Rodríguez Zapatero irá más allá, como en la ley del matrimonio homosexual y el divorcio, y elevará el umbral permitido hasta las 16 ó las 18 semanas. Según datos de las clínicas abortistas, un plazo de 14 semanas impediría acogerse a la nueva ley a 9.000 mujeres en el país.

En los supuestos en los que exista grave peligro para la vida y la salud de la mujer embarazada, severas malformaciones o anomalías físicas o psíquicas en el feto, el documento avala la interrupción de la gestación sin límite temporal, con autorización médica. La normativa vigente prohibe abortar más allá de las 22 semanas, ni siquiera cuando se detectan graves daños en el feto.

El texto consensuado por PSOE, ERC, IU-ICV y Mixto aconseja suprimir el permiso paterno obligatorio para abortar a partir de los 16 años, clarificar el ejercicio de la objeción de conciencia del personal sanitario para que no interfiera en el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo y, en especial, garantizar que, si decide abortar, pueda hacerlo dentro de la red sanitaria pública, por igual en todas las comunidades. Hoy sólo el 2 por ciento de los abortos legales en España se practica en hospitales o clínicas públicas, debido a problemas legales, de conciencia y demoras burocráticas.

Seguridad jurídica para médicos y personal de enfermería, confidencialidad para las mujeres, una amplia estrategia de educación sexual y prevención de embarazos no deseados desde el sistema educativo y sanitario, y fácil acceso a métodos anticonceptivos, incluida la 'píldora del día después', son otras de las recomendaciones aprobadas por la Comisión de Igualdad.

«Coartada»

El texto sancionado supone el broche a cinco semanas de comparecencias de expertos, de representantes médicos y de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Para el PP, las prisas demuestran que la decisión de ir al «aborto libre estaba tomada» y que el Parlamento ha servido «de coartada» al Gobierno, en palabras de su portavoz, Sandra Moneo. El PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional una ley que «traerá más aborto». «Las mujeres que abortan, casi todas, lo hacen porque no se les ofrecen otras alternativas», recalcó Moneo, que habló de «farsa» y de la «imposición a la sociedad de algo que no quiere».

El debate sobre el aborto «bueno o malo es un debate superado hace más de 20 años», replicó Carmen Montón. La portavoz socialista insistió en que la ley será «respetuosa» con la doctrina del Constitucional y las recomendaciones de la OMS y el Consejo de Europa. El PP -dijo- «está en contra de que las mujeres decidan sobre su propia maternidad».

Joan Tardá, de ERC, pidió al PSOE que «no pierda tiempo» intentando sumar a los 'populares' al consenso. «La batalla ideológica la hemos ganado -afirmó- y debemos ganar la batalla de la coyuntura» frente a la posible reacción «furibunda» de la Iglesia y la derecha más recalcitrante.