El Gobierno propone 20 años de libertad vigilada para pederastas y terroristas

El Gobierno propondrá este otoño al Parlamento una reforma del Código Penal que contempla la imposición de 20 años de libertad vigilada a los pederastas, delincuentes sexuales y terroristas reincidentes que, cumplidas sus penas, presenten a ojos de la administración riesgo de reanudar sus crímenes tras salir de prisión. Las anunciadas medidas de control post-condena, que quedarán definidas cuando el Legislativo aborde la reforma, podrán consistir, según el plan inicial, en vigilancias por la policía, personaciones en el juzgado, tratamientos médicos y psiquiátricos, la obligación de portar pulseras telemáticas o programas formativos.

Los ministros de Justicia e Interior, Mariano Fernández Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba, dieron a conocer esta propuesta tras reunirse para delinear las líneas maestras de la proposición de ley de reforma del Código Penal, que en general endurecerá los castigos contra criminales sexuales, sobre todo si las víctimas son menores, y terroristas. La futura reforma, en cuya letra pequeña trabajan comisiones técnicas de ambos ministerios, fue pactada por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, en su reunión del pasado 23 de julio. El Ejecutivo espera sumar al acuerdo al resto de grupos durante la tramitación.

La principal novedad de estos cambios, que en ningún caso tendrán carácter retroactivo, es la creación de una pena accesoria de libertad vigilada que posibilitará que los delincuentes sexuales que Fernández Bermejo definió como «con mal pronóstico» puedan salir tras cumplir sus penas, pero con limitaciones a su libertad durante «20 años».

Letra pequeña

Esa es la intención inicial, si bien el responsable de Justicia subrayó que «la letra pequeña llegará» para hacer la medida «proporcional» a la gravedad de los delitos cometidos. Se trata, explicó, de que la sociedad «pueda defenderse» mediante vigilancias y «el sometimiento a tratamiento coactivo» si fuese preciso.

La reforma contemplará castigos específicos para delitos sexuales cuyas víctimas sean menores, ya sea la captación o tráfico de niños con fines pornográficos o la compra de sus servicios. La Justicia contemplará además como agravantes aquellos comportamientos que pongan en peligro la vida de un menor.

Junto a la libertad vigilada, el Gobierno elaborará por primera vez un registro de delincuentes sexuales, mediante la creación de una nueva sección en el registro de penados y rebeldes. En él figurarán sus nombres y conductas. Según Fernández Bermejo, será una «herramienta útil» que facilitará la coordinación entre Justicia e Interior en su vigilancia.

Los dos ministros acordaron que los delitos más graves de terrorismo, como los asesinatos, no prescribirán y podrán ser perseguidos sin limitaciones temporales. Además, será obligatorio que los jueces impongan a los terroristas penas accesorias de alejamiento de sus víctimas directas.