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REDADA. Un policía traslada a un hombre arrestado durante la 'operación Loto' contra la estafa de la lotería nigeriana. / SALVADOR SALAS
Los jueces dejan en la calle a ocho de cada diez detenidos
MÁLAGA

Los jueces dejan en la calle a ocho de cada diez detenidos

Unos trescientos de los 1.600 arrestados en el último trimestre en Málaga han ingresado en prisión provisional. Policías critican que esta situación desmotiva a los agentes, y los magistrados consideran que se limitan a cumplir la ley

JUAN CANO

Lunes, 14 de julio 2008, 03:52

Muchos delincuentes tienen la lección bien aprendida. Si roban, procuran que el botín sea inferior a 400 euros. «Prefieren hacerlo varias veces al día que dar un gran golpe», comenta un mando policial con años de experiencia en la Costa del Sol. Y no es porque les guste trabajar ni porque desdeñen robos de altos vuelos, sino porque se conocen la ley al pie de la letra. «Así, en caso de ser detenidos -continúa el agente-, sólo les pueden imputar una falta (la cuantía no llega a delito) y quedan en libertad ese día».

Los pinchazos telefónicos en las investigaciones constatan que los delincuentes internacionales también conocen la benevolencia del sistema penal español. «Los que están aquí -prosigue el mando policial- les dicen a los de fuera que se vengan a España, que aquí hay mucha tela y las condenas son leves. En Francia, por ejemplo, sólo por el concepto 'banda organizada' ya les meten 30 años de prisión».

Esa es la realidad, y estos son los datos. Desde marzo, ocho de cada diez detenidos en Málaga capital han quedado en libertad tras pasar a disposición judicial. Según las estadísticas recopiladas por SUR, de 1.600 detenidos en un trimestre de este año, poco más de 300 ingresaron en prisión provisional. De éstos habría que descontar una amplia mayoría que acabaron entre rejas tras ser arrestados por reclamaciones judiciales, algunas para cumplir condenas impuestas por sentencia ejecutoria.

Los datos pormenorizados son aún más elocuentes. En marzo, por ejemplo, medio centenar de entre más de 400 detenidos ingresaron en prisión provisional; en abril acabaron entre rejas 150 de 700 arrestados; y en mayo, el índice de encarcelados subió ligeramente, con unas 125 prisiones de casi 550 detenidos.

Durante ese mes se desarrolló la 'operación Loto', en la que el juez envió a prisión a 25 de los 50 imputados tras una redada contra la estafa de la lotería nigeriana, lo que engordó ligeramente la cifra de ingresos en la cárcel.

Delitos graves

No en vano, las únicas prisiones provisionales dictadas por los jueces durante el mes de mayo obedecieron a presuntos delitos de homicidio, las mencionadas estafas nigerianas, algún caso puntual de malos tratos y el cajón de sastre de las reclamaciones judiciales. Sin embargo, el grueso de los detenidos, que fueron imputados, entre otros, por robos con violencia o con fuerza, agresiones sexuales, abusos o allanamientos de morada, quedaron en libertad a la espera de juicio tras comparecer ante el juez de turno.

Para los sindicatos policiales, hay múltiples causas que explican esta situación. Unos consideran que el Código Penal es demasiado generoso para el delincuente en determinados delitos. Algunos apuntan a la falta de coordinación en el sistema judicial. Y otros la achacan a la saturación de las cárceles (en Alhaurín se ha llegado a la cifra negra de 2.000 reclusos, el triple de su capacidad).

Y todos coinciden en la consecuencia. «Se produce una indefensión del ciudadano y una sensación de impotencia en el policía, que tiene que detener varias veces al mismo individuo», resume el representante en Málaga de la Confederación Española de Policía (CEP), Juan Carlos Gil.

Su homólogo en el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Manuel Expósito, asegura que, en una semana, han llegado a detener cuatro veces a la misma persona por robos en polígonos. «Y eso genera desmotivación en la plantilla», apostilla. Fernando Pérez, de la Unión Federal de Policía (UFP), resume así esa sensación: «Es un trabajo al que no le ves el final. Cuando has arriesgado tu vida con la esperanza de que aparten de la calle a un delincuente, y queda en libertad, te queda la sensación de que no ha servido de nada».

Algo está fallando. Es la conclusión a la que llega el vicepresidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP) en Andalucía Oriental, José Luis Fernández. «Cada año hay más detenciones y se incrementa la eficacia policial, pero los delitos nos comen». Robos en vehículos, en viviendas y en comercios, y hurtos al descuido son, en su opinión, los hechos delictivos que tiran de las estadísticas. «Siempre son los mismos autores, porque el delito es su modo de vida», sentencia Fernández.

El representante del SPP ilustra su afirmación con un ejemplo: «Cuando detenemos a una banda de ladrones y los meten en prisión, el delito por el que los hemos pillado baja prácticamente a cero. Llamamos regularmente a la cárcel y, mientras siguen ahí, las estadísticas se mantienen. Hasta que, de pronto, vuelven a subir un montón. Entonces, telefoneamos otra vez a la prisión para preguntar, y nos dicen que la banda ha quedado en libertad».

Presencia en el juicio

La judicatura no es insensible al malestar que ocasionan estos reincidentes. El juez decano de Málaga, Manuel Caballero-Bonald, afirma: «Comprendemos que haya cierta inquietud entre las fuerzas de seguridad cuando se produce una reiteración de las detenciones de determinadas personas, pero hay que pedir un poco de paciencia, porque esos casos terminan en juicio y en sentencia».

No obstante, Caballero-Bonald plantea que también hay que entender la posición de los jueces, «que nos limitamos a cumplir la ley», agrega. «En primer lugar -añade- hay que tener en cuenta que la prisión provisional es una medida excepcional que debe interpretarse en un sentido restrictivo; es una medida cautelar cuya finalidad es garantizar la presencia del detenido en el juicio».

El juez decano esgrime otro argumento que considera fundamental: «La presunción de inocencia, que limita la posibilidad de la prisión, porque se puede dar la paradoja de que una persona haya pasado un año en prisión provisional y, tras el juicio, sea absuelta en sentencia firme. Esa persona ha estado privada de libertad indebidamente. Eso es lo peor que le puede pasar a un juez».

Caballero-Bonald rechaza otros argumentos, como el colapso de las prisiones. «Los jueces no nos guiamos por la saturación de las cárceles», responde. Pero sí coincide en que «hay algunas penas que son demasiado benévolas, como por ejemplo en los casos de corrupción de menores», concluye.

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