Berlusconi limita las escuchas y amenaza con cárcel al que las publique

El Gobierno de centro-derecha de Silvio Berlusconi quiere poner orden en el desmadre en que se han convertido las escuchas telefónicas en Italia y ayer aprobó un proyecto de ley que limitará su uso. El borrador que irá al Parlamento las prohíbe para delitos cuyas penas sean inferiores a diez años, salvo mafia, corrupción y los que generen grave alarma social. Pero su punto más polémico es la pena para los periodistas que publiquen las conversaciones, de uno a tres años de cárcel o una multa de hasta 100.000 euros. No obstante, el ministro de Justicia, Angelino Alfano, aclaró ayer ante la prensa que «es inútil especificar que no son penas que puedan comportar la detención...». En resumen, habrá que ver en qué se queda.

Por otro lado, el texto se ha desinflado desde que 'il Cavaliere' lanzó la idea en uno de sus calentones, pues él sólo salvaba los delitos de mafia y terrorismo. Ayer se añadieron más excepciones, ante las críticas recibidas, pero la idea es clara: acabar con los culebrones radiados en la prensa de los últimos años. Se castiga con cinco años al funcionario que revele las grabaciones, si es que le pillan, porque ahora también está prohibido; serán tres jueces y no uno los que autorizarán las escuchas; no podrán durar más de tres meses y las transcripciones no podrán adjuntarse a las actas. Irán en un fascículo aparte y se custodiarán en un archivo especial. Pero no afectará a los procesos en marcha.

Pese a los recortes, es un asunto que desata muchas suspicacias. Sobre todo viniendo de quien viene. Berlusconi aún tiene tres procesos abiertos. Uno por soborno del abogado británico David Mills, otro por fraude fiscal en la compra de derechos televisivos en Mediaset, su complejo audiovisual y, el más reciente, por corrupción de un dirigente de la RAI al que intentó enchufar cuatro jovencitas. Una de ellas, según dijo en una de las conversaciones grabadas, «porque me la ha indicado un senador del centro-izquierda que me puede ser útil para hacer caer el Gobierno».

Soldados en las calles

Lo cierto es que a todos los que son alguien en Italia les han sorprendido en conversaciones delicadas y, dada la frecuente inanidad judicial, al menos así salían cosas a la luz y además la gente se reía. De este modo se han leído los tejemanejes del director deportivo de la Juventus, Luciano Moggi, para amañar partidos; o los apaños del gobernador del Banco de Italia para evitar la entrada de extranjeros en los bancos nacionales, entre ellos el BBVA. Pero también las charlas golfas sobre señoritas de Victor Manuel de Saboya, sin relevancia penal, o los mensajes de móvil de famosos. Cualquier escucha acababa en los quioscos, pues el secreto de sumario en Italia en la práctica no existe.

El actual intento de regular la cuestión parte de un arrebato de Berlusconi, y su ministro de Justicia ha improvisado un texto para el consejo de ministros de hoy. La Liga Norte, el partido del Gobierno que mejor lee el humor popular, teme que sea mal visto, como una de esas leyes a favor de la 'casta' política y ha presionado para hacerlo presentable. Pero a cambio, según la prensa italiana, ha debido tragar con otro proyecto polémico de Berlusconi que se avecina, al estilo de la anterior legislatura: el magnate quiere resucitar de nuevo la inmunidad para los altos cargos. 'Il Cavaliere' echó mano de esta ley en 2003 para frenar el proceso SME contra él por corrupción, cuya sentencia coincidía con la presidencia europea de Italia. Cuando pasó, el Tribunal Constitucional anuló la ley en enero de 2004. Pero ahora los asesores del magnate la quieren repescar.

El consejo de ministros también aprobó ayer otra medida llamativa: enviar 2.500 soldados a patrullar las ciudades, como una Policía de barrio, debido a la supuesta alarma de inseguridad.