Piden dos años de cárcel más para Roca y Muñoz por el caso 'Jardines de San Pedro'

Los procedimientos por presuntos delitos urbanísticos de los ex concejales del Gil que se instruyen en los juzgados marbellíes siguen su curso independientemente del pacto que mantienen con la Fiscalía de Málaga y que en estos momentos está en punto muerto tras la falta de apoyo del resto de las acusaciones. Prueba de ello es el caso conocido como 'Jardines de San Pedro' por el que el fiscal de Medio Ambiente pide para Julián Muñoz, Roca, y siete ex concejales marbellíes dos años de prisión y diez de inhabilitación por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio, frente al máximo de un año de cárcel que contemplaría el pacto de estar vigente. Sólo para uno de los ex concejales, José Luis Troyano, solicita un año, porque considera que el delito no tuvo carácter continuado en su caso.

El fiscal acusa al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y a todos los miembros que formaban parte de la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella (los concejales Rafael González, Alberto García, María Luisa Alcalá, José Luis Fernández, Tomás Reñones, Francisco Javier Lendínez, Rafael Escobar y el ex alcalde Julián Muñoz) de conceder en marzo de 2001 una licencia de obras a la entidad Promociones 'Los Jardines de San Pedro S.L.' para 133 viviendas «a sabiendas de que se trataba de terreno clasificado como suelo urbano, pero perteneciente al Sistema General de Comunicaciones». Según las normas urbanísticas vigentes en esas fechas el terreno estaba calificado como transporte público en la mayor parte de la superficie -2,925 metros cuadrados- y el resto como viario público -50 metros cuadrados». Año y medio más tarde, en noviembre de 2002, la misma Comisión de Gobierno concedió una nueva licencia de obras a la la Inmobiliaria Osuna para «reformado del proyecto básico y de ejecución de 124 viviendas, locales comerciales, aparcamientos y trasteros» en dicha zona.

El PGOU del 98

El escrito de calificación fiscal, al que se ha adherido el Ayuntamiento de Marbella, considera que los acusados actuaron conforme a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella que el pleno del Ayuntamiento aprobó en 1998 de forma unilateral, «a pesar de conocer que el mismo no estaba en vigor porque no había sido aprobado por las autoridades competentes», un plan que más tarde fue anulado por los tribunales.

El caso, uno más de las decenas de procedimientos por delitos urbanísticos que se siguen contra los concejales gilistas, se encuentra en estos momentos pendiente de la apertura del juicio oral.