Los jueces de lo Penal urgen la creación de cinco juzgados más ante la «alarmante» saturación

El terrible caso del asesinato de la niña Mari Luz Cortés, presuntamente a manos de un pederasta cuyo ingreso en prisión no había ordenado un juez de Sevilla pese a estar condenado por sentencia firme por abusar de su propia hija, ha destapado la caja de los truenos sobre la realidad que viven los juzgados de Málaga. Lo de Mari Luz puede ocurrir de nuevo también aquí en cualquier momento y los jueces de lo Penal lo advierten porque acumulan 11.000 sentencias pendientes de hacer cumplir. Llevan dos años pidiendo más juzgados y más medios para poder dar trámite a todas las ejecutorias (sentencias firmes que hay que hacer cumplir) que se acumulan día tras día en los armarios de las oficinas judiciales. Pero, al rebufo del 'caso Santiago del Valle' -el supuesto asesino que se encontraba en libertad-, los jueces malagueños de lo Penal han vuelto a llamar ayer la atención sobre el colapso que atraviesan los juzgados que no dudaron en calificar de «alarmante» y urgieron, entre otras medidas, la creación de cinco nuevos órganos judiciales para acabar con la «histórica precariedad con la que desempeñamos nuestro trabajo».

La junta sectorial de jueces de lo Penal de Málaga pidió ayer, como medidas urgentes para agilizar la ejecución de las sentencias, la creación de al menos cinco órganos judiciales más de este tipo y el refuerzo de la plantilla con dos trabajadores más. También pidieron que se cubran antes las vacantes, que se aplique un plan de choque para terminar con el colapso, así como los necesarios sistemas informáticos que permitan cruzar los datos de los juzgados.

Responsabilidades

En la reunión, los jueces analizaron las estadísticas correspondientes a 2007 de estos 10 juzgados malagueños, con especial referencia a las ejecutorias, tras conocerse que estos órganos judiciales tienen pendientes de ejecutar unas 11.000 sentencias, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En un comunicado tras la junta, los magistrados aseguran que han decidido hacer pública «la precariedad histórica con la que desempeñamos nuestro trabajo, con una falta de medios crónica y permanente», ante la «conmoción» originada por el caso de Mari Luz y «frente a la actitud generalizada de los distintos responsables con competencia de no asumir responsabilidades y atribuirlas directa y exclusivamente al juez».

Así, aseguran que esta precariedad es «difícilmente paliada por el esfuerzo personal de todos los que trabajamos en esto» y subrayan que debido a ello «la situación de anormal funcionamiento de la Administración de Justicia», que se ha dado en el caso de Mari Luz Cortés «puede producirse en cualquier momento».

Para los magistrados, la creación de cinco nuevos juzgados debe ir acompañada de una ampliación de la plantilla de los funcionarios que atienden estas oficinas. Actualmente la plantilla la componen ocho trabajadores, frente a los diez con los que cuentan los de instrucción. Por ello, urgen a que se aumente los empleados de estos órganos judiciales con dos personas más.

También denuncian los magistrados la tardanza con la que se cubren las vacantes y las bajas de los funcionarios. Hasta dos y tres meses tarda hoy por hoy la Junta de Andalucía en nombrar a los interinos que deben cubrir los puestos de los titulares y este retraso agrava aún más el atasco de los juzgados.

Interinos sin experiencia

Y no sólo se cubren tarde las vacantes, sino que se hace en muchas ocasiones con personal «sin experiencia o titulación relacionada con la justicia», por lo que reclaman a la Junta que los interinos cuenten con «una mínima preparación» para poder desarrollar el trabajo con normalidad.

La petición de más medios que reclaman los jueces se completa con la «aplicación inmediata» de un plan de choque con funcionarios de refuerzo «que desarrollen su labor a jornada completa» para poder tramitar todo los expedientes que hay acumulados y darles así una resolución final.

Pero para conseguir un funcionamiento eficaz de la Justicia, los jueces ven absolutamente necesario que se doten los juzgados de determinados medios técnicos, como herramientas y aplicaciones informáticas «que permitan cruzar los datos de los distintos juzgados», además de poder acceder a otras bases de datos que propicien «el correcto cumplimiento de nuestras funciones».

En la actualidad, el programa 'Adriano' instalado por la Junta de Andalucía permite conocer la 'ruta' de un asunto desde que entra en el juzgado de guardia hasta que llega a su enjuiciamiento. Sin embargo, no existe una aplicación informática que proporcione información de en qué situación se encuentra cada caso. Es decir, resulta imposible cruzar datos entre juzgados.

Por último, reivindican «el impulso definitivo» a la reforma de la actual oficina judicial, que consideran «anclada en métodos de funcionamiento propios del siglo XIX».

Hace dos años, en 2006, la junta de jueces ya denunció la situación de colapso que atravesaban los juzgados de lo Penal, con miles de sentencias sin ejecutar.

Condenados en libertad

La ley de juicios rápidos ha propiciado que las sentencias se dicten de forma ágil, pero no ha reparado en que posteriormente se encuentran en el embudo de la ejecución, pues las resoluciones no se cumplen en el momento en que se han dictado, sino que van seguidas de una serie de trámites judiciales. Una sentencia en Málaga puede tardar alrededor de un año en ser ejecutada. Esto quiere decir que el delincuente que ha sido condenado sigue gozando de un año más de libertad y que su víctima verá retrasado el resarcimiento del daño ocasionado.

El trabajo de los juzgados de lo Penal, además de con las sentencias procedentes de los juicios rápidos, ha crecido con la creación de nuevos órganos de instrucción en la capital y la provincia, entre ellos los de violencia de género, cuyas resoluciones tienen también que ejecutar.