La Audiencia autoriza a un imputado a viajar a un país sin convenio de extradición

La Audiencia de Málaga ha acordado devolver el pasaporte y ha autorizado a salir del territorio nacional a uno de los imputados en el 'caso Malaya', el empresario granadino Carlos Sánchez que tiene negocios en la República Dominicana, país con el que no existe convenio de extradición.

Amigo personal de Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística, Sánchez ingresó en prisión en julio de 2006 imputado en delitos de cohecho y malversación de caudales. Cuatro meses después quedó en libertad tras pagar una fianza de 250.000 euros. No obstante, el juez instructor del 'caso Malaya' le impuso como medidas cautelares ante el riesgo de fuga la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país sin permiso del juzgado. Aun así, Carlos Sánchez desde entonces ha viajado en tres ocasiones a la República Dominicana, siempre con autorización del juez, para atender sus intereses empresariales en el país caribeño.

«Indicio favorable»

Este argumento es precisamente el que esgrime ahora la Audiencia de Málaga para levantar las medidas cautelares impuestas por el instructor. El tribunal afirma que el regreso a España de Carlos Sánchez tras esos tres viajes autorizados «ha de interpretarse como un indicio favorable de que el procesado no trata de eludir la acción de la justicia». Además añade que, «aun admitiendo ese riesgo de fuga siempre subsistente, no puede soslayarse el hecho objetivo de que el recurrente (Carlos Sánchez) tiene depositada una fianza de 250.000 euros que garantiza su sometimiento a la justicia».

En el auto judicial, también se afirma que las medidas cautelares ahora levantadas fueron acordadas hace más de un año y que transcurrido ese tiempo y habiéndose dictado ya el auto de procesamiento, «no pueden mantenerse indefinidamente 'sine die', sino que ha de ser limitada en el tiempo ajustadas a determinadas necesidades del procedimiento, concretas y acreditadas».

Carlos Sánchez aparecía en la contabilidad de la empresa Maras Asesores, vinculada a Juan Antonio Roca. En concreto, entre 2003 y 2006, el nombre del promotor figura en una decena de anotaciones en las que se concreta el pago de distintas cantidades de dinero a cambio de distintos convenios urbanísticos o licencias, que sumarían 5,3 millones de euros.

El empresario granadino fue el que introdujo a Juan Antonio Roca en los negocios inmobiliarios mucho antes de que éste llegara a ser asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella de la mano de Jesús Gil y Gil.

Cuando se desencadenó la segunda fase de la 'operación Malaya' que se saldó con una treintena de detenidos, Sánchez se encontraba en la República Dominicana. La policía le buscaba y registró varias de sus oficinas sin resultado, hasta que pudo saber que el promotor se hallaba fuera del país.

Carlos Sánchez regresó días después a España y se presentó en los juzgados de Marbella. Lo hizo acompañado de su socio Andrés Liétor. Ambos acudieron a declarar de manera voluntaria, según explicó entonces a la salida del juzgado su abogado, Julián Chamorro, quien negó que sus clientes hubiesen intentado eludir la acción de la Justicia, tal y como se había especulado al no acudir Sánchez al entierro de su madre en Santa Fe (Granada) el 27 de junio de 2006 por temor a que lo arrestase la policía.