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AMANDA SALAZAR
Viernes, 28 de marzo 2008, 02:58
Casi doscientos profesores se dieron cita ayer en la plaza de la Constitución para mostrar su desacuerdo con el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares en los Centros Docentes Públicos. Un plan que prevé una serie de incentivos a los docentes que en un plazo de hasta cuatro años alcancen una serie de objetivos entre los que se incluyen aumentar el porcentaje de alumnos que pasan al siguiente curso o reducir el absentismo escolar.
El objetivo del plan es mejorar la calidad de la docencia, pero muchos profesores creen que aprobar este programa es asumir que son malos docentes y que el peso de los malos resultados de los alumnos en estudios como el Informe Pisa es sólo su responsabilidad.
«Discriminatoria»
«Es una orden discriminatoria, no sólo para los profesores o entre unos centros y otros, sino también para los alumnos, porque con esta ley habrá dos tipos de estudiantes: los que aprueben fácilmente para que sus profesores cobren y los que lo tendrán más complicado y tendrán que trabajar y esforzarse para conseguir aprobar por sus propios méritos», asegura Francisco Fortuny, del sindicato APIA, que encabezó ayer la protesta junto a CGT, SADI y USTEA. Los sindicatos mayoritarios sí que han aprobado el plan, pero sin embargo las comunidad docente está muy dividida. En el caso de los institutos, el 57% se opone al plan, según APIA, mientras que llegan al 40% en el caso de los centros de Primaria.
«No queremos que nos vean como trabajadores sobornables y lo cierto es no estamos para desperdiciar el dinero porque hemos sufrido una pérdida del poder adquisitivo del 20% en los últimos doce años», asegura Fortuny. Pero el problema de la calidad de la educación no se arregla con limosnas, prosigue, sino con un cambio integral de unas leyes que desde hace más de una década les ha impedido dar clase con normalidad.
Antonio del Río, de CGT, asegura además que la ley vulnera la igualdad, porque las maestras que se queden embarazadas perderán esos incentivos al no poder cumplir la asistencia obligatoria de cien días. «Además, los interinos de colegios que no se acojan al plan perderán su prioridad frente a otros con menos antigüedad», dice.
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