CC.OO. y UGT pararán hoy dos horas los puertos en protesta por la privatización

La transformación de las sociedades de estiba y desestiba, de carácter público, en las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (Apie's) en los puertos españoles ha generado una huelga en el sector convocada por los sindicatos UGT y CC.OO., que no están de acuerdo con la privatización de la estiba. Hoy será la primera jornada de paros en los puertos, y es que estos dos sindicatos han convocado una parada de dos horas por turno durante hoy y mañana, que se volverá a repetir los días 10 y 11 de abril.

Según fuentes sindicales, es posible que el paro se deje notar algo en Algeciras, así como en otros puertos del Mediterráneo, el Cantábrico y el Puerto de Sevilla. No obstante, cabe recordar que en el puerto algecireño es Coordinadora el sindicato mayoritario en el sector de la estiba.

El motivo de estos paros es que tanto CC.OO. como UGT rechazan la privatización de los puertos, con la que sí están de acuerdo tanto Coordinadora como la patronal Anesco, dando así cumplimiento a la Ley de Puertos 48/2003 aprobada por el Gobierno del Partido Popular antes de las elecciones generales de 2004. En este sentido, UGT y CC.OO. consideran que esta privatización «consolidará un monopolio en la actividad y tendrá graves consecuencias para el empleo en el sector».

IV Acuerdo Marco

El sindicato Coordinadora y la patronal Anesco pretenden legitimar la privatización del servicio de estiba a través del IV Acuerdo Marco de la Estiba, pero UGT y CC.OO. rechazan la legitimidad de Anesco para negociar este acuerdo. Lo argumentan, entre otras cuestiones, porque la cuota de representatividad de Anesco no alcanza el 10% de las empresas del sector, lo que le imposibilita para negociar este IV Acuerdo -que «rompe la paz social que viene garantizando el III Acuerdo Marco de la Estiba»-, y «mucho menos firmarlo», según un informe del Ministerio de Justicia.

Asimismo, los convocantes recuerdan que el Tribunal de Defensa de la Competencia ha abierto expediente sancionador contra los firmantes del IV Acuerdo ante las evidencias que ponen de manifiesto un riesgo real para la competencia.