Julián Muñoz tendrá que pagar otra fianza de 50.000 euros para salir de la cárcel

El juez Óscar Pérez dictó ayer un auto de prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para Julián Muñoz por el procedimiento separado del 'caso Malaya', referente a un delito de blanqueo de capitales. En el escrito, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella esgrime que «la situación personal desde la perspectiva procesal del imputado no es halagüeña», por lo que se detecta que el riesgo de fuga no es desdeñable.

Junto a las dos condenas firmes que el ex alcalde de Marbella cumple en la actualidad, el juez ha tenido también en cuenta las 103 imputaciones que pesan sobre Muñoz y la de este nuevo procedimiento, que por sí misma podría suponer hasta seis años de prisión. A esta situación, el magistrado añade que es razonable la sospecha de disponibilidad de fondos en Suiza y aclara que el pasado 24 de septiembre se hizo entrega al Grupo III de Blanqueo de Capitales del resultado de la comisión rogatoria dirigida a ese país. De todo ello Pérez deduce que aumenta el riesgo de huida, por lo que fundamenta la necesidad de imponer la fianza.

El escrito expone además que, al prestarse la cantidad exigida, Julián Muñoz quedará sometido» a una obligación periódica de comparecencia los días 1 y 15 de cada mes y cada vez que sea llamado, además de la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional sin una autorización judicial.

Defensa

El juez, que rebaja a la mitad la cantidad solicitada por el fiscal, asume dos argumentos esgrimidos por la defensa. El primero es que no puede imputarse a Muñoz por un delito blanqueo relacionado con el cohecho por la supuesta percepción de 150.000 euros por la que se encuentra procesado en el 'caso Malaya', ya que el blanqueo es cometido por una persona distinta a la que incurrió en la acción ilegal previa con la que se obtuvo el dinero. Sin embargo, el instructor advierte que en el resto de los delitos que se le imputan (contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos) no se está investigando un cohecho que podría ligarse a los mismos, y resalta que el hecho de que no existan indicios para enlazar de manera concreta cada actuación delictiva cometida en el ejercicio del poder municipal con la percepción de dádivas, no puede impedir que se concluya en que si aflora una cantidad de dinero cuyo origen no puede justificar «es porque ese dinero procede de una actividad previa delictiva generalizada».

El segundo argumento de la defensa que ha sido tenido en cuenta es el de relativizar el valor de los testimonios perjudiciales de otros coimputados; en este caso, los de la ex mujer de Muñoz, Maite Zaldívar y su hermano Jesús, quienes reconocieron que el ex alcalde les hacía entrega de importantes cantidades de dinero en efectivo. Estos testimonios fueron hasta ahora base fundamental de la acusación contra Muñoz.

El magistrado reconoce que las declaraciones de otro imputado no permiten desvirtuar la presunción de inocencia, a no ser que se adicione a las mismas algún dato que corrobore su contenido. En ese sentido, el juez destaca que del análisis del flujo monetario y patrimonial de Muñoz durante su época de alcalde surge con claridad una disposición de dinero claramente superior a los ingresos declarados.