Las tinajas de Socuéllamos, AURORA LUQUE

SUENA como a episodio de novela picaresca del siglo dieciséis, pero se trata de un episodio de realidad canalla del siglo veintiuno. Cerca del pueblo de Socuéllamos ha acampado un grupo de rumanos que aspiran a convertirse en temporeros de la vendimia de este otoño. Se han guarecido con sus familias y enseres en enormes tinajas de vino abandonadas en el campo.

Sólo en Ciudad Real necesitan treinta mil pares de manos sobre las uvas, pero la Delegación de toda Castilla-La Mancha recibió en el plazo estipulado solamente doce mil solicitudes para traer jornaleros con contrato. Otros agricultores, temiendo las multas, han solicitado mano de obra fuera de plazo. Pero miles y miles de trabajadores han acudido ya, a la espera de la arraigada contratación a dedo: vendimiarán desde la ilegalidad, sin cobertura sanitaria, sin vivienda garantizada. Cuesta trabajo admitir tanta desorganización. El mismo gobierno que promete en plan caritativo ayudar a los españolitos que se metieron en hipotecas demasiado agobiantes mira para otro lado, un año tras otro, en el caso de los temporeros extranjeros que asoman en tiempo de cosechas.

Once mil españoles -ocho mil andaluces- siguen emigrando a Francia en la temporada de la vendimia. Van con contrato, seguro, casa digna, prestaciones sociales. Ganan ocho euros a la hora. En los viñedos españoles, algo más de cinco euros: un jornal mínimo de cuarenta y dos. Dénse un paseo por los comentarios a las noticias en los periódicos digitales y encontrarán a muchos licenciados mileuristas desolados. Profesores doctores con másters que se preguntan: ¿Y para esto he estudiado yo tanto?

En España somos reacios, reticentes, duros de legalizar cabalmente. Hemos saltado a zancadas el camino entre nuestra propia miseria y el nuevorriquismo que hoy nos ciega, pero siempre por el atajo de la chapuza. Aquí, por ejemplo, no se derriba ni una sola construcción ilegal. Los rumanos no van a Francia: saben que allí no consiguen trabajo. En España existe una ley que se incumple escandalosamente. La tibieza legal deja sitio a las mafias: en Rumanía existe el 'comisionado', que recluta a la gente y se queda con buena parte de los jornales. El contrato legal señala una fecha de comienzo y de fin: los trabajadores vuelven a su país de origen, como ocurre con los vendimiadores españoles en Francia. Lleva aparejado un cierto control, una visibilidad beneficiosa. Los agricultores manchegos, cuando ven sus racimos engordar y crecer, saben que necesitarán esas manos puntuales. ¿No hay manera de evitar el recurrente bochorno de los ilegales desesperados aguardando en tinajas, en poblados infrahumanos, bajo plásticos, con sus familias, en tierra de nadie, mendigando, sucios, medrosos? ¿No podríamos ¿copiarnos¿ de Francia?

Pero me temo que de aquí a marzo a nadie se le ocurrirá plantearse una medida tan molesta como la aplicación coherente de las propias leyes que nos damos. Las aguas laborales seguirán así de fangosas y las tinajas castellanas servirán de apartamento a los que no tienen voto, como en el tiempo de los lazarillos, los pícaros y los buscones de la España negra